GIMENEZ MEDINA RICARDO JOSE c/ EMPRESA DE OMNIBUS AUTOTRANSPORTE SAN JUAN MAR DEL PLATA S. A. Y OTRO s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

¿Quién es el actor?

Ricardo José Giménez Medina.

¿A quién se demanda?

Empresa de Omnibus Autotransporte San Juan Mar del Plata S.A. y otros (entre ellos el chofer Jorge Luis Páez y el propietario Luis González).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Reparación por daños y perjuicios por lesiones y perjuicios derivados de un siniestro ocurrido el 01/07/2005; se peticiona dictado de sentencia civil sin esperar pronunciamiento penal.

¿Qué se resolvió?

La Cámara hizo lugar al recurso de apelación subsidiaria interpuesto por el actor, dejó sin efecto la providencia de fecha 29/11/2012 que confirmó la suspensión de términos, dispuso la reapertura de los plazos suspendidos el 28/10/2010 y ordenó la restitución de autos a primera instancia con el expediente penal a la vista para que, verificados los recaudos, la causa pase a estudio para dictado de sentencia definitiva. Se impusieron las costas a la contraria y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Conforme dispone el art. 1101 y cc. del Cód. Civil, la regla es que ante la coexistencia de la acción civil y la acción penal basadas en un mismo hecho, el juez civil habrá de dictar sentencia luego de que emita pronunciamiento en sede penal, a fin de evitar resoluciones judiciales contradictorias.

Existen distintos sistemas posibles para regular las relaciones entre la acción civil y la acción penal, basados en criterios de separación o de acumulación. La necesaria opción de preeminencia por uno u otro fuero ha sido resuelta por el codificador al regular un sistema de interdependencia entre ambas acciones, con preponderancia de las decisiones definitivas que recaigan en sede penal. Lo que se impide en que el juez civil dicte la sentencia de fondo, antes de que exista pronunciamiento en jurisdicción criminal, por lo que el trámite de la acción civil no se suspende sino que el proceso continúa hasta quedar en estado de dictar sentencia, según aconteciera en autos. El sistema vigente consagra una clara influencia del proceso penal sobre la acción civil, recogida en este artículo, con el fin primordial de proteger la autoridad de la cosa juzgada penal y su influencia en la sentencia civil, evitando el escándalo jurídico aludido por Vélez en la nota a los arts. 1102 y 1103."

"Resulta menester, entonces, examinar los antecedentes del caso concreto, por cuanto no cabe construir reglas a partir de situaciones excepcionales. El principio vigente sigue siendo el de prejudicialidad de la jurisdicción penal, y la preeminencia de lo resuelto en esa sede respecto de las cuestiones previstas por los arts. 1102 y 1103, Cód. Civil.

En autos, no puede eludirse la morosidad en el trámite de la acción penal relativa a un hecho que tuvo lugar en el año 2005, en una causa de escasa complejidad (cuenta con 318 fs.) donde el Ministerio Público ha requerido el sobreseimiento de los acusados por prescripción de la acción penal; y en paralelo, el tiempo transcurrido desde que la causa civil se encuentra en estado de dictar sentencia. Las vicisitudes antedichas conducen a admitir el planteo del actor y dejar sin efecto la suspensión de términos antes dispuesta, como único modo de preservar las garantías constitucionales comprometidas. El debido proceso legal y la defensa en juicio conllevan el derecho a obtener una decisión judicial que ponga fin al pleito en tiempo razonable, y la reseña precedente advierte que la suspensión ordenada resulta violatoria de los derechos del actor."

(En la sentencia no consta voto en disidencia; la resolución se dicta por coincidencia de dos miembros del Tribunal).