JurisprudenciaARG
Cámara de Apelaciones

CAMARA TUCUMANA DE LA CONSTRUCCION c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ ESPECIALES (RESIDUAL)

La Cámara Tucumana de la Construcción demandó a la Provincia solicitando la fijación de un plazo judicial para la emisión y pago de certificados de redeterminación de precios del Dcto. Acuerdo N° 23/3 (S.O.). La Cámara en lo Contencioso Administrativo declaró la falta de legitimación activa de la asociación para representar derechos patrimoniales individuales de sus asociados y rechazó la demanda, imponiendo las costas a la actora.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Sala 2 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - Sala 2
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
654/15
Camara tucumana de la construccion Legitimacion activa Certificados de redeterminacion de precios Dcto. acuerdo n? 23/3 Falta de legitimacion Accion colectiva vs intereses individuales homogeneos Demanda rechazada Costas Contencioso administrativo Estatuto social.

¿Quién es el actor?

Cámara Tucumana de la Construcción.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se solicitó judicialmente la fijación de un plazo para que la Provincia emita y pague certificados de redeterminación de precios referidos en el Dcto. Acuerdo N° 23/3 (S.O.) del 07/10/2002, por presunta demora en emisión y pago que habría provocado pérdidas a empresas constructoras.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación activa planteada por la Provincia y, en consecuencia, se rechazó la demanda. Se impusieron las costas a la actora y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"a).- Estando a lo resuelto por la CSJT en el fallo antes mencionado, el examen a efectuar debe circunscribirse al análisis de la legitimación de la asociación demandante para asumir la calidad de actora en autos.

A tal efecto, cabe recordar que es necesario que los sujetos no sólo tengan capacidad para ser partes sino que se encuentren legitimados procesalmente, vale decir que tengan legitimación para obrar.

Es que, para que exista la posibilidad de emitir pronunciamiento en relación al fondo de la cuestión propuesta, a más de la capacidad para ser parte, es imprescindible que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Esta últimas son las justas partes o las partes legítimas; y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal.

De tal forma, se define la legitimación procesal, como aquel requisito en cuya virtud debe mediar una coincidencia entre las personas que efectivamente actúan en el proceso y las personas a las cuales la ley habilita especialmente para pretender (legitimación activa) y para contradecir (legitimación pasiva) respecto de la materia sobre la cual el proceso versa (Cfr. Lino E. Palacio, Derecho Procesal Civil, Edit. Abeledo Perrot, Bs.As. 1990, T° I, pág. 405/406)."

"d).- Con tales elementos a mano, el examen decanta en determinar con precisión qué tipo de derechos se encuentran en juego en la especie y, por consiguiente, si la situación invocada afecta un interés jurídicamente tutelable de la Cámara Tucumana de la Construcción.

En la especie, no obstante pueda pregonarse una causa común a todos los asociados o empresas constructoras que integran la asociación actora por la alegada ausencia de un plazo para la emisión y posterior pago de los certificados emitidos en el marco del Dcto. Acuerdo N° 23/3 (S.O.), surge de los términos de la demanda, no sólo la existencia de daños diferenciados para cada uno de ellos, sino además que la defensa de tales intereses individualmente considerados no aparece como inviable en el marco de un reclamo individual de parte de cada una de las empresas presuntamente afectadas. En otros términos, no se advierte que la defensa de tales intereses deba necesariamente canalizarse mediante un carril colectivo a los fines de garantir el derecho a acceder a la justicia de los miembros asociados a la Cámara demandante."

"En definitiva, debe concluirse que la actora ha puesto sobre el tapete una cuestión relativa a los derechos subjetivos de cada uno de sus asociados que, hipotéticamente y conforme lo argumentado en la demanda, aparecerían vulnerados por el vacío legal aludido y la conducta desplegada por la Administración. Tales derechos, aunque suene reiterativo, son patrimoniales, claramente individuales, cuyo ejercicio y solicitud de protección corresponde –con exclusividad– a cada una de las empresas Constructoras contratistas del Estado y asociadas a la entidad accionante (potenciales afectados).

Mas como se mencionara con antelación, la actora demandó invocando la defensa de derechos individuales de parte de sus asociados, supuesto que en atención a las consideraciones hasta aquí efectuadas, denota la insuficiencia de su legitimación activa para formular un reclamo como el de autos.

En suma, al no demostrar la Cámara Tucumana de la Construcción un interés patrimonial directo ni una habilitación normativa apta para legitimar su intervención en representación de los derechos cuya protección reclama, corresponde hacer lugar a la defensa de falta de legitimación activa opuesta por la Provincia de Tucumán y, en consecuencia, rechazar la demanda deducida por aquella en su contra."

¿Cómo votaron los jueces?

El dispositivo (bloque resolutorio) de la Sala Iª dispone: "HACER LUGAR ... a la defensa de falta de legitimación activa ... En consecuencia, RECHAZAR la demanda ...", que constituye la decisión del Tribunal. No se consignan votos en disidencia.

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