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Cámara de Apelaciones

PROVINCIA DE TUCUMAN – D.G.R. c/ ENRIQUE R. ZENI Y CIA. SACIAFEI s/ EJECUCION FISCAL

El letrado promovió ejecución de honorarios contra la Provincia por $53.601 más IVA y alegó inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.851 que declara inembargables fondos públicos. La Cámara rechazó la apelación de la Provincia, declaró la inconstitucionalidad de pautas de la Ley y del Decreto que impiden el cobro de créditos alimentarios y ordenó continuar la ejecución hasta el pago íntegro, corrigiendo errores procedimentales de la sentencia de primera instancia.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL EN DOCUMENTOS Y LOCACIONES - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
A 2512/10
Ejecucion de honorarios Inconstitucionalidad Ley 8.851 Inembargabilidad de fondos publicos Credito alimentario Excepcion de espera Nulidad de oficio Ejecucion fiscal Costas Orden de antiguedad. Notas adicionales relevantes (breve): Monto condenado a pago: $53.601 (mas iva y pesos para acrecidas inicialmente calculados en la instancia de grado). Se impusieron las costas de la alzada por el orden causado Pero las de la instancia anterior se mantuvieron conforme la sentencia apelada salvo la correccion del apartado ii. El tribunal reservo pronunciamiento sobre honorarios para oportuno despacho.

¿Quién es el actor?

Leandro Stok (letrado ejecutante, apoderado de la parte demandada en la ejecución originaria).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán – D.G.R. (parte actora en el proceso de ejecución fiscal originario y ahora ejecutada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios profesionales regulados por $53.601 (más $11.256 IVA) y reclamo de inconstitucionalidad de la Ley Nº 8.851 (y normas concordantes y Decreto Nº 1583/16) en cuanto consagran inembargabilidad y un régimen de prioridad que perjudica créditos alimentarios.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la Provincia; se declaró la inconstitucionalidad de los preceptos cuestionados en lo que importan impedir o demorar el cobro del crédito alimentario del abogado; se declaró de oficio la nulidad del apartado II de la sentencia de fecha 13/8/2018 y se sustituyó por un pronunciamiento que rechaza la excepción de espera y "ORDENAR llevar adelante la ejecución ... hasta hacérsele pago íntegro de la suma reclamada que asciende a $ 53.601.- ...". Las costas de la instancia se imponen por el orden causado; reserva de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Atento a que el planteo pone en crisis la constitucionalidad del régimen de inembargabilidad consagrado por la Ley nº8851, debe hacerse notar que la norma adhiere a la Provincia de Tucumán a la Ley n°25973 ... y al régimen de inembargabilidad de los fondos públicos presupuestarios establecidos por Leyes n°24624, n°25565 y n°11672 ..."

"Ahora bien, la norma bajo examen no invoca expresamente un estado de emergencia económica para declarar la inembargabilidad de los fondos, valores y demás medios de financiamiento afectados a la ejecución presupuestaria del Sector Público, pretendiendo erigir sobre esa base un sistema permanente de pago de sentencias de condena. En otras palabras, la ley cuestionada no cumple con el estándar que el superior tribunal provincial estableció en materia de emergencia económica."

"Sentado este criterio al que adherimos en todos sus términos, la inembargabilidad que afectaría al crédito alimentario del letrado Stok alcanza proyecciones indebidas e irrazonables y lesiona su derecho de propiedad. En efecto, admitir una conducta de parte del Estado conforme la norma bajo análisis, resultaría contrario a los derechos reconocidos y a las garantías establecidas en los arts.14 bis, 17, 19 último párrafo, 28 y 31 de la Constitución Nacional y al art. 22 de la Constitución Provincial, al convertir el derecho ya adquirido en una incierta expectativa de cobro, mutando su sustancia y naturaleza."

Sobre la cuestión procedimental: "La decisión contenida en el apartado II.- de la Resolución apelada implica retrotraer el proceso a una etapa ya cumplida, lo que altera el procedimiento ejecutivo previsto por el art. 555 del CPCC para las ejecuciones de sentencia ... Por lo tanto, conforme lo normado por el último párrafo del art. 166 procesal corresponde declarar de oficio la nulidad del apartado II.- de la Resolución 2032 del 13 de agosto de 2018 a fin de preservar la normalidad del proceso ejecutivo en marcha."

¿Cómo votaron los jueces?

el acuerdo del Tribunal se expresa en el bloque resolutivo suscripto por los Dres. Carlos E. Courtade y Myriam G. F. Fajre; el texto del fallo es el que constituye la decisión de la Cámara (no se registra disidencia en el expediente que obra).

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