MORALES RUBEN MARIO c/ CENCOSUD S.A. Y SMG CIA ARGENTINA DE SEGUROS s/ SUMARISIMO (RESIDUAL)
El actor demandó por descuento de primas de seguros no contratados y daño moral y punitivo. La Cámara confirmó la condena solidaria de Cencosud S.A. y SMG por la información crediticia negativa y el daño moral y punitivo, y sólo modificó la tasa de interés a aplicar sobre $2.400 reintegrados.
¿Quién es el actor?
Rubén Mario Morales.
¿A quién se demanda?
Cencosud S.A. y SMG Compañía Argentina de Seguros S.A.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Reintegro de sumas pagadas por seguros que el actor afirma no haber contratado, reparación por daño moral y aplicación de sanciones pecuniarias (art. 52 ley 24.240), todo en el marco de un proceso sumarísimo (residual).
¿Qué se resolvió?
Se confirmó en lo sustancial la sentencia de grado que hizo lugar a la demanda y condenó solidariamente a Cencosud S.A. y SMG al pago (monto principal y rubros resarcitorios ya fijados en primera instancia), se confirmó la procedencia del daño moral y del daño punitivo; se rechazó el recurso de SMG; se hizo lugar parcialmente al recurso de Cencosud para modificar la tasa de interés aplicable al reintegro de $2.400, disponiendo que devengarán intereses a la tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual del Banco de la Nación Argentina desde la fecha de pago hasta la efectiva cancelación; costas y reserva de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Las reglas procesales básicas que rigen la materia ponen en cabeza de SMG la carga de probar el contrato de seguro que dijo haber celebrado con el actor, invocado por esta empresa para justificar su derecho a percibir el valor de las primas cargadas en la tarjeta de crédito del actor. Es así que, sin necesidad de aplicar la carga dinámica de la prueba, o la regla interpretativa que favorece en caso de duda al consumidor, a esta codemandada incumbía acreditar la relación contractual que legitimaría la inclusión del valor de las primas impagas.
En los términos del art. 302 del CPCC, la carga probatoria incumbe a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, y cada una de ellas deberá probar el presupuesto de hecho del dispositivo que invoque en sustento de su pretensión, defensa o excepción. De esta forma, el digesto procesal local ha adoptado como criterio para distribuir la carga de la prueba, a aquel que atiende a la posición en que se encuentra cada una de las partes con respecto a la norma jurídica cuyos efectos le son favorables en el caso concreto. "No interesa, para esta teoría, la condición actora o demandada asumida por cada parte ni la naturaleza aislada del hecho sino los presupuestos fácticos de las normas jurídicas, de manera tal que cada una de las partes se halla gravada con la carga de probar las menciones de hechos contenidas en las normas con cuya aplicación aspira a beneficiarse, sin que interese el carácter constitutivo, impeditivo o extintivo de tales hechos" (Palacio, Lino E., Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, T° IV, pg. 368; cc. CSJTuc., sentencia N° 79 del 27/02/2001, causa Aguirre, Ramón Argentino y otra vs. Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) s/ Daños y perjuicios). La existencia del contrato de seguro ha sido el fundamento de la legitimidad de los cargos por primas que generara SMG, y conforme a las reglas que gobiernan el onus probandi, necesariamente debía ser acreditado por la parte que así lo afirmó: en el caso, tanto SMG como Cencosud S.A."
"La conducta de la entidad financiera demandada debe apreciarse conforme parámetros estrictos en orden al pleno conocimiento de las cosas, por lo que mayor resultaba su obligación de control y diligencia encaminada a procurar eficazmente no perjudicar a su cliente con descuentos indebidos. Cencosud no dio de baja el producto ni devolvió el dinero cobrado en concepto de prima; y el hecho de que finalmente propusiera a su cliente una quita -aceptada por el actor para poner fin al conflicto- no revierte tal concusión. Se concluye que el comportamiento antijurídico de ambas empresas codemandadas dio lugar a la información negativa de los antecedentes crediticios del actor, determinante de perjuicios que deben reparar de manera solidaria (arg. art. 40, LDC)."
(Voto de mayoría expresado en el dispositivo final: la sentencia fue dictada por dos miembros del Tribunal, existiendo coincidencia de votos.)
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
- Ley 17.454Codigo procesal civil y comercial de la nacion
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