BORGHI DARDO DANIE c/ FIGUEROA DE PAZ LUCIA s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
El actor promovió demanda por daños y perjuicios y solicitó la entrega de fondos depositados en autos. La Cámara hizo lugar al recurso de apelación subsidiario, revocó la providencia que denegó la entrega y ordenó que el juez de grado estime y reserve los honorarios del Dr. Rodolfo A. Martínez y entregue el capital según el remanente disponible.
¿Quién es el actor?
Borghi Dardo Daniel.
¿A quién se demanda?
Figueroa de Paz Lucía (y la aseguradora demandada aparece como parte interesada en el expediente).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Acciones por daños y perjuicios; en esta instancia se discute la entrega de fondos depositados en autos y la regulación/reserva de honorarios profesionales.
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de apelación subsidiario, se revocó la providencia de fecha 05/04/2018 que denegó la entrega de fondos por falta de conformidad del letrado Rodolfo Martínez, y se dispuso que una vez radicados los autos en origen el juez de grado efectúe la estimación y reserva de los honorarios del letrado Martínez y disponga la entrega del capital en tanto y cuanto el remanente disponible lo permita. Se impusieron las costas "por el orden causado" y se dejó abierta la regulación de honorarios para su oportunidad.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Es que, si bien el texto de la norma preve que los jueces no pueden realizar ciertos actos (entrega de fondos, valores, documentos, dar por terminado procesos, entre otros - cfr. art. 35 primer párrafo ley 5480), sin que se acredite el pago de los honorarios regulados o firmes -supuesto que enuncia el apelante- o medie conformidad escrita de los profesionales interesados, también admite que se afiance su pago con garantía suficiente. Es decir, el precepto legal abre un abanico de posibilidades en aras de no caer en una interpretación obstaculizadora de la actividad de las partes, y por ende, un criterio de razonabilidad lleva a inferir que si existen en la causa, fondos o valores o bienes, en condiciones de tales de responder al pago de honorarios, podrán ejecutarse algunos de los actos enumerados sin necesidad de la observancia puntual y formal de los requisitos del precepto, ya que ello contraría su propósito (cfr. Brito- Cardoso de Jantzon, Honorarios de abogados y procuradores, p. 185 y sgtes)."
"En la interpretación del art. 35 de la ley 5480 efectuada por el a quo, subyace el convencimiento de que la protección legal sólo se logra con la conformidad escrita de los profesionales destinatarios de la misma. Sin embargo, según se ha visto, aunque los emolumentos no estén regulados la norma exige ante la falta de conformidad, una cuantificación al menos provisoria de los honorarios, como recaudo para decidir la entrega de fondos, sí están devengados y como tales son susceptibles de la protección que concede la norma, a cuyo fin la manda legal no impide efectuar un cálculo provisional de honorarios, tan sólo para que el magistrado resuelva la cuestión determinando los alcances estimativos de la garantía, atento la existencia de fondos existentes en autos, verificando si los mismos son suficientes, o no, para decidir en tal caso sobre la liberación del remanente, de existir."
Además la sentencia incorpora hechos procesales relevantes: la renuncia del Dr. Martínez como patrocinante y la actuación de la Dra. Gladis Inés Iramain Bazán (fs. 92), la sentencia definitiva del 23/06/17 con imposición de costas a ambas partes, el desistimiento de recursos el 03/10/17, la comunicación de la aseguradora sobre pago de sumas depositadas (fs. 286 y 289), y que el 12/4/2018 los autos fueron llamados a despacho para resolver la regulación de honorarios del Dr. Rodolfo A. Martínez.
¿Cómo votaron los jueces?
la sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (dos miembros del Tribunal), sin disidencias consignadas en el dispositivo final.
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