VILUCO S.A. c/ DIAZ ROBERTO Y OTRO s/ DESALOJO
La actora Viluco S.A. promovió demanda de desalojo contra Roberto Díaz y Yolanda Flavia Romano Carbone fundada en la tenencia precaria prevista en un convenio con el IPVDU. La Corte Suprema provincial confirmó la sentencia de la Cámara que declaró la procedencia del desalojo al entender acreditada la tenencia precaria y la legitimación activa de Viluco S.A., y rechazó la casación por falta de crítica autosuficiente y por correcta valoración probatoria.
¿Quién es el actor?
Viluco S.A.
¿A quién se demanda?
Roberto Díaz y Yolanda Flavia Romano Carbone (accionados/demandados).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Desalojo y restitución del inmueble por haber sido otorgada la tenencia precaria y producido incumplimiento de las obligaciones contractuales.
¿Qué se resolvió?
Se rechazó el recurso de casación interpuesto por los demandados y se confirmó la solución adoptada en la sentencia recurrida que hizo lugar al desalojo; se impusieron las costas a la parte recurrente en esta instancia.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
Votos mayoritarios (Drs. Antonio Gandur, Antonio Daniel Estofán y René Mario Goane) que sostienen, entre otros puntos, la existencia del contrato de tenencia precaria celebrado entre el IPVDU y los demandados (fs. 8/9), la cesión de derechos a favor de Viluco S.A. conocida por los demandados y la ausencia de prueba prima facie por parte de los accionados sobre la posesión animus domini; además se señaló la improcedencia de la pretensión de nulidad por falta de forma y la insuficiencia de los agravios en la vía casacional.
¿Cómo votaron los jueces?
el Dr. Daniel Oscar Posse considera procedente la casación y propone casar la sentencia por entender que el contrato que involucró transmisión de inmueble y obligaciones gravadas debía haberse otorgado en escritura pública (art. 1184 incs. 1 y 9 CC), con las consecuencias de nulidad y falta de legitimación del cesionario.
Párrafos relevantes transcritos (texto original del fallo):
"El decisorio en pugna considera que el denominado “contrato de tenencia precario”, invocado como sustento de la acción instaurada, suscripto por los accionados y agregado a fs. 8/9 de autos, hace referencia en forma expresa al carácter y situación jurídica, en virtud de la cual el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (en adelante IPVDU) otorgó, a los postulantes (como se los denomina a los accionados en el instrumento de tenencia precaria analizado), el uso y goce de la vivienda motivo del presente proceso de desahucio. Respecto de ello, entiende la Cámara que los términos contractuales son claros, sin que puedan dar lugar a otra interpretación, que no sea que los demandados revisten la calidad de meros tenedores precarios del bien recibido. En apoyo de tal conclusión, transcribe la Cámara la cláusula primera del referido convenio, en la que consta que el IPVDU entregó a los “postulantes” la tenencia precaria y gratuita del inmueble sub lite."
"Por tanto, de la simple lectura del acuerdo en disputa puede advertirse, con sencillez, que no estamos en presencia de un contrato que tenga por objeto la transmisión de bienes inmuebles en propiedad o alguna obligación o gravamen sobre los mismos o el traspaso de derechos reales sobre inmuebles de otro (art. 1184 inc. 1 del Código Civil) o la transacción sobre bienes inmuebles (inc. 8 del dispositivo legal citado), como erradamente lo consideran los recurrentes."
"Tal déficit probatorio impide aceptar el encuadre normativo propuesto por los demandados, que refiere a normas civiles que devienen ostensiblemente inaplicables a la plataforma fáctica que emerge de los presentes actuados. En dicho contexto, la aplicación del art. 2352 del Código Civil luce acertada, entendiendo que la situación de los accionados se subsume en el concepto de “tenencia” al que alude dicha norma, entendida como la posibilidad de disponer físicamente de la cosa pero sin el elemento subjetivo o intencional que caracteriza a la posesión -animus domini-."
¿Cómo votaron los jueces?
"Las razones invocadas conllevan a declarar la procedencia del remedio casatorio articulado, por haber incurrido la sentencia recurrida en un error de derecho, al infringir los incs. 1 y 9 del mentado art. 1184 Código Civil. ... En el marco de las facultades conferidas a esta Corte por los arts. 755 y 761 CPCC, corresponde por ende casar la sentencia Nº 225 del 26/9/2012 dictada por la Excma. Cámara en Documentos y Locaciones, Sala II (fs. 300/301vta.)..."
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Leyes que cita
- Ley 340Codigo civil
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