RODRIGUEZ CLAUDIA BEATRIZ c/ SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ DAÑOS Y PERJUCIOS
La actora demandó a la Provincia de Tucumán por daños y perjuicios por el saqueo de su comercio en diciembre de 2001. La Sala casó parcialmente la sentencia de la Cámara solo en lo relativo a la imposición de costas, confirmando el rechazo de la pretensión indemnizatoria por ausencia de omisión antijurídica probada.
¿Quién es el actor?
Claudia Beatriz Rodríguez.
¿A quién se demanda?
Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Indemnización por daños y perjuicios (daño emergente y lucro cesante) derivados del saqueo de su local comercial ocurrido el 19 de diciembre de 2001; imputación a la Provincia por “falta de servicio”/omisión del poder de policía.
¿Qué se resolvió?
La Corte rechazó en lo sustancial el recurso de casación respecto del rechazo de la demanda por la Cámara (confirma que no se probó omisión antijurídica de la Policía provincial) y, en cambio, hizo lugar parcialmente al recurso respecto de la imposición de costas, casando ese punto y disponiendo que las costas se impongan por su orden. Se reservaron honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"En este sentido, el servicio de seguridad no está legalmente definido de modo expreso y determinado, ni se identifica con una garantía absoluta de que los ciudadanos no sufran perjuicio alguno derivado de la acción de terceros. Consagrar una regla de este tipo es una decisión que el legislador no ha tomado, y que no registra antecedentes en el derecho comparado. Por lo demás, sería irrazonable que el Estado sea obligado a que ningún habitante sufra daños de ningún tipo, porque ello requeriría una previsión extrema que sería no sólo insoportablemente costosa para la comunidad, sino que haría que se lesionaran severamente las libertades de los mismos ciudadanos a proteger. De ello se deriva como lógica conclusión que no existe un deber de evitar todo daño, sino en la medida de una protección compatible con la tutela de las libertades y la disposición de medios razonables (Fallos: 330:563; cfr. CSJT, sentencias nº 852/10 y 747/11)."
"En la especie no se probó satisfactoriamente la existencia de una 'omisión antijurídica' de los agentes policiales de la Provincia de Tucumán en los disturbios de diciembre de 2001, idónea para configurar la 'responsabilidad por omisión' de la demandada; circunstancia que determina el rechazo de la acción de daños y perjuicios interpuesta por Claudia Beatriz Rodríguez."
"Consiste en que la sentencia de Cámara, que le impuso las costas por aplicación del principio objetivo de la derrota, viola el art. 105 inc. 1º CPCyC porque 'existió razón con entidad suficiente como para que el actor promoviera su demanda' y porque no solo 'fueron injustamente perjudicados y despojados de bienes, sino que además no existe la posibilidad de imputar los daños a los terceros que lo promovieron'. Corolario de este razonamiento, es que la imposición de costas contenida en el punto II de la sentencia recurrida debe modificarse, y en consecuencia, las costas deben imponerse por su orden."
(Voto mayoritario que acuerda: I) no hacer lugar parcialmente al recurso en lo referido a los agravios sobre el fondo, y II) hacer lugar parcialmente al recurso en lo relativo a las costas, casando ese punto y disponiendo “Costas por su orden (art. 105 inc. 1° CPCyC)”.)
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