PROVINCIA DE TUCUMAN – D.G.R. c/ CASAÑAS, JUAN FRANCISCO s/ EJECUCIÓN FISCAL

¿Quién es el actor?

En la instancia de apelación, Provincia de Tucumán – D.G.R. (apelante).

¿A quién se demanda?

Letrado Gonzalo Ignacio Aramburu (ejecutante de honorarios); en los autos originales figura también Casañas, Juan Francisco s/ Ejecución Fiscal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios profesionales regulados por $5.500 (más $1.650 para acrecidas) y planteo de inconstitucionalidad de la Ley provincial Nº 8.851 (y su Decreto Reglamentario Nº 1.583/16 y leyes conexas) que declara la inembargabilidad de fondos públicos y establece orden rígido de pago de condenas.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación de la Provincia y se confirmó la sentencia de fecha 08/10/2018 que hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad referido a la inembargabilidad y al orden de pago rígido previsto en la Ley 8.851 y Decreto 1.583/16; además, la Cámara declaró de oficio la nulidad del segundo acápite de la sentencia apelada (que reiteraba una intimación de pago ya ordenada). Las costas de la alzada se imponen por el orden causado. Se dejó reservado pronunciamiento sobre honorarios de esta instancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En virtud de esta norma la Provincia de Tucumán adeuda al letrado ejecutante el monto regulado desde el mes de julio del año 2016 sin que hasta el presente haya efectuado el pago al que está obligada. En este marco, el mencionado letrado planteó la inconstitucionalidad de la Ley n°8851 persiguiendo la percepción de su acreencia."

"La norma bajo examen ... adhiere a la Provincia de Tucumán a la Ley n°25973 ... y al régimen de inembargabilidad de los fondos públicos presupuestarios establecidos por Leyes n°24624... n°25565... y n°11672..., respectivamente, sus normas complementarias y modificatorias (art.1)."

"La ley cuestionada no cumple con el estándar que el superior tribunal provincial estableció en materia de emergencia económica. ... el acto de tomar conocimiento fehaciente de la condena judicial firme, a pesar de la trascendencia que tiene para el logro del pago, depende de la conducta que adopte un órgano del propio deudor, sin que tenga definido un plazo para materializarla. Tal circunstancia compromete severamente la eficacia del sistema..."

"Siendo ello así, entonces, surge manifiesta la irrazonabilidad de la última parte del artículo 4 de la Ley Nº 8.851 ... en cuanto estatuye un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer la prioridad temporal de pago de las acreencias contra el estado, el 'estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva' ... De allí que la ausencia de un tratamiento diferenciado ... conduce indefectiblemente al resultado disvalioso ... Por lo tanto ... declarar, para el caso, la inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley Nº 8.851 ..., del art. 2 del Decreto Nº 1.583/1 (FE) ... y del art. 2 de la precitada Ley Nº 8.851 (en cuanto consagra la inembargabilidad ...)."

"Ha dicho nuestra Excma. Corte Suprema que esa vocación de mantener la firmeza de los actos cumplidos se denomina preclusión ... Por lo tanto, conforme lo normado por el último párrafo del art.166 procesal corresponde declarar de oficio la nulidad del segundo apartado de la resolución nº2718 del 08 de octubre de 2018 a fin de preservar la normalidad del proceso ejecutivo en marcha."

¿Cómo votaron los jueces?

La resolución no registra disidencia; resolvió la Sala I integrada por los Dres. Carlos E. Courtade y Myriam G. F. Fajre.