COMPAÑIA AZUCARERA Y ALCOHOLERA SOLER S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO (HOY QUIEBRA). INCIDENTE DE NULIDAD DE LA SUBASTA INGENIO LA VICTORIA DE ENTRE RIOS

¿Quién es el actor?

El C.P.N. José Miguel del Carmen y el letrado Marcos Aníbal Rougés (recurren como regulados por honorarios).

¿A quién se demanda?

Sentencia de la Sala II de la Excma. Cámara Civil y Comercial Común (y por ende las decisiones que regularon honorarios; partes en el expediente concursal: Sindicatura, adquirente ejecutante, etc.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la regulación de honorarios – cuestionan la base regulatoria adoptada (tomar como valor la suma rematada en la subasta declarada nula), las alícuotas aplicadas (reducción por ser incidente) y la distribución de costas relativas al perito tasador.

¿Qué se resolvió?

La Corte declaró inadmisibles los fundamentos de las casaciones y NO HIZO LUGAR a los recursos de casación; confirmó la solución de la Cámara respecto de la base regulatoria, la aplicación del art. 59 de la Ley 5.480 a incidentes concursales, la proporcionalidad de las alícuotas aplicadas y la distribución de costas; costas de la instancia por el orden causado; reserva para regulación complementaria si corresponde.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (citas textuales preservadas del fallo):

"En ese sentido, y con relación al agravio que cuestiona que se haya tomado como base regulatoria el monto de la subasta declarada nula, se advierte que los recurrentes no logran demostrar que ese criterio infrinja alguna norma de derecho, como lo afirman dogmáticamente en sus presentaciones recursivas. Sobre el particular debemos recordar que la sentencia de Cámara señaló que, en el supuesto de autos, donde el trabajo profesional se ha vinculado exclusivamente con la anulación de la subasta, debe tomarse como base regulatoria el monto por el cual se remató el inmueble (conf. fs. 1135). Frente al criterio adoptado por la Cámara, los recurrentes no logran demostrar que aquél infrinja una norma de derecho, siendo evidente que el criterio aplicado por la Cámara presenta relación adecuada con la particular temática abordada en el presente incidente, en el sentido de que el trabajo profesional se vincula con la específica invalidez de una subasta, por lo que sostiene que el valor de esa subasta debe servir de base regulatoria, en tanto este incidente se circunscribió al tema de la validez o no de ese específico remate, más allá de sus efectos indirectos."

"Con relación a los agravios que cuestionan la aplicación de las alícuotas relativas a los incidentes, corresponde también su rechazo, en tanto no se demostró que la aplicación de las pautas que fija el art. 59 de la Ley Nº 5.480 infrinja normas de derecho. Debemos recordar que éste Tribunal sostuvo que 'ante la inexistencia de un precepto específico en la ley de honorarios de profesionales de Ciencias Económicas respecto de pautas a seguir en los casos de regulaciones judiciales, por la tarea observada en un incidente dentro de un proceso judicial, cabe acudir al principio contenido en el art. 60 de la Ley Nº 5.480 (actual 59).' ... El razonamiento desarrollado por la sentencia impugnada sobre ese aspecto se alinea al adoptado por ésta Corte..."

"También existió un cuestionamiento por parte de los recurrentes con relación a la decisión de la Cámara sobre el modo en que se establecieron que deben distribuirse las costas vinculadas a los honorarios del perito. Esa cuestión fue analizada por la Cámara en los siguientes términos: 'Como se dijo en la sentencia aquí impugnada, la decisión del a quo de imponer las costas a todas las partes se fundó en que las bases regulatorias propuestas por todos los interesados resultaron erróneas, pues recurrieron a la estimación del valor del bien subastado. Se subrayó que los propios apelantes solicitaron que se corra vista a las partes de conformidad a lo dispuesto por el art. 39 inc. 3° de la ley arancelaria, dando pie a la aplicación del trámite previsto en la citada normativa y al sorteo de perito tasador al no haber conformidad ni aproximación entre las estimaciones efectuadas por las partes. En tales condiciones, siendo que el errado procedimiento de estimación del valor del bien halla causa en la actuación de ambas partes, y también en la decisión del órgano judicial, aparece configurada la excepción del art. 105 inc. 1° del CPCC, por lo que resulta correcta la distribución de las costas en el orden causado' (fs. 1136 vta.)."

Razonamiento final: la Corte entendió que los agravios eran en esencia peticiones de revisión fáctica o reiteraciones dogmáticas sin demostrar violación de normas o arbitrariedad; por ello los recursos de casación deben ser rechazados.

¿Cómo votaron los jueces?

fallo por unanimidad; los tres vocales acuerdan con el preopinante.