CAJA POPULAR DE AHORROS DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN c/ GALVAN GLADYS NOEMI s/ PROCESOS SUMARIOS (RESIDUAL)

¿Quién es el actor?

Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán (letrado apoderado: Dr. Federico Srur).

¿A quién se demanda?

Galván Gladys Noemí.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de saldo impago de tarjeta de crédito (CABAL) por la suma de $338.147,76, más intereses moratorios desde la fecha de la mora (12/09/22), gastos y costas; acción entablada en procesos sumarios (residual).

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de apelación deducido el 1/11/2024, se revocó íntegramente la sentencia del Juzgado Civil y Comercial Común de la XII Nominación de fecha 31/10/2024 que había declarado incompetencia, y se devolvió la causa al Juzgado Civil y Comercial Común de la IX Nominación para que prosiga su trámite.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Que la parte recurrente se agravia por cuanto entiende que la declinatoria del juzgado es inaceptable y viola de manera flagrante el art. 101 del CPCC en cuanto dispone que ‘La competencia por razón de lugar o la persona no es declarable de oficio’. Asimismo, señala que la acción promovida, obedece a una deuda por saldo impago de tarjeta de crédito ley 25065, contrato de derecho privado, no es un crédito que constituya renta (per- se) del estado provincial o de ente público, sino todo lo contrario, es un incumplimiento contractual del derecho privado de las partes. Por otra parte indica que, por imperio del art. 99 del CPCC la competencia por razón del lugar o de las personas es prorrogable por voluntad de los interesados y, precisamente, que la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán, al promover la demanda, tácitamente ha prorrogado la competencia a favor del fuero Civil y Comercial.”

“Como se advierte la acción intentada no se trata de un caso en el que se persiga el cobro de ‘impuestos, patentes, tasas, multas, retribuciones de servicios, mejoras, aportes, contribuciones’. A su vez, tampoco se está técnicamente en presencia de una ‘deuda’ (cláusula residual diseñada por el legislador para fijar la competencia de Cobros y Apremios). La acción instaurada podría generar un crédito o deuda que al momento de la interposición de la demanda no resulta exigible para activar la competencia del fuero de Cobros y Apremios en los términos concebidos por el legislador, de conformidad con el sentido y finalidad del art. 70 LOPJ ,en concordancia con el art. 2 de la Ley 6757 que crea los juzgados de Cobros y Apremios.”

“4. Derecho a la jurisdicción y deber de los jueces. Juez natural. Que, mediante la función jurisdiccional, el juez declara y aplica la ley en su carácter de tercero imparcial frente a las controversias de su competencia. Según esta concepción, de neto corte publicístico, para los magistrados impartir justicia, con exclusión de otros órganos jurisdiccionales, constituye un deber, y para los justiciables se presenta como un derecho: el de peticionar y recibir justicia de un tribunal específicamente determinado.”

Votación/Mayoría: La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (dos miembros), que constituyen la mayoría; no consta voto en disidencia en el dispositivo final.