PROVINCIA DE TUCUMAN c/ GIL ANTONIO s/ EXPROPIACION

¿Quién es el actor?

Provincia de Tucumán (actora recurrente en casación).

¿A quién se demanda?

Gil Antonio (expropiado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por expropiación de una fracción de inmueble; discusión sobre el monto indemnizatorio y fecha de valuación aplicable (art. 32 Ley 5006).

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar al recurso de casación, casó y anuló la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común (11/9/2018) por insuficiente fundamentación al apartarse del art. 32 Ley 5006 y fijar la valuación a una fecha posterior (23/09/2015) sin justificar debidamente la imposibilidad de valuar a la fecha de la desposesión (04/07/2012). Ordenó devolver los autos al tribunal de grado para nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"2.- El impugnante se agravia también de que se haya tomado un valor que no corresponde a la fecha de la desposesión del inmueble conforme lo estatuye el mismo art. 32 ley citada y que, por ello, se inaplique este dispositivo sin declararlo ni fundamentar su inconstitucionalidad. En ello haya razón.

Es que, de una atenta lectura del fallo en crisis se advierte que es el mismo Tribunal sentenciante el que reconoce que “la ley establece que la valuación ha de efectuarse al momento de la desposesión” (sic fs. 500) y, sin embargo, el único argumento que ha ofrecido para no aplicar la normativa en este punto (fecha a la que se determina el valor del inmueble) reza así: “en este caso media una imposibilidad para fijar dicho valor en razón de la fecha estimada en la pericia adoptada, por lo que, a fin de eliminar eventuales perjuicios para el Fisco por dicho motivo, se propone fijar el cómputo para los intereses a partir de la fecha señalada en dicha pericia” (sic misma foja).

El fundamento para el apartamiento del texto claro de la norma es claramente insuficiente para consolidar la validez sentencial.

En efecto, en primer lugar, no se advierte la relación causal directa entre “la imposibilidad” de determinación de un valor de inmueble a la fecha de la desposesión (2012) y una de las pericias (que resulta ser la “adoptada” pero que no es la única de autos). El razonamiento es erróneo jurídica y lógicamente.

En segundo lugar, de las propias constancias de la causa emerge que:

a) el informe de fs. 148, emitido por el martillero Kanan es de 03/8/2012 –un mes después de la fecha de desposesión -04/7/2012, fs.127-. Allí se estima un valor por m2 a 2012;

b) la propia demandada alude a ese informe -por ella presentado-; dicho documento expresa un valor de $590 por m2 (ver por ejemplo: fs.175 -apersonamiento y contestación de demanda en subsidio- y sus escritos de fs. 223, 355);

c) la HCT consideró “excesivo” el valor fijado por el martillero Kanan y, al hacerlo, se basa en el Revalúo Catastral de la DGC que, a 2012, ofrece otro valor alternativo (fs. 360);

d) en su tasación, la Martillero Paola Abregú dice: “…informo que la tasación realizada por el Perito tasador Jorge Kanan, si se corresponde razonablemente con los valores descriptos en la plaza inmobiliaria a la fecha de su presentación (sic fs. 420 y 432).

Es decir que existen documentos en autos que aluden a valores estimados a la fecha de desposesión, sea directamente (informe de Kanan) o indirectamente (escritos de la accionada, informe de Abregú e impugnación efectuada por la HCT a fs. 360 de autos) los que, más allá de la ponderación acerca de su valor probatorio -v.gr: considerarse que tal valor sugerido por parte de la HCT es a título “meramente indicativo” (conforme lo hace la sentencia aquí en embate, a fs. 499) o considerárselo insuficiente, etc.-, acreditan claramente la falacia del enunciado sentencial que analizamos.

...

4.- A ello se suma que la tesitura de fijar el monto a 2015 y no a 2012 -fecha de la desposesión- incidió en el dies a quo para el inicio del cómputo de intereses sin que se fundamente en modo alguno -ni se advierta- que el monto de la condena más sus intereses llegue a ser semejante –o bien no desproporcionado- en relación con el método y procedimiento determinados por el art. 32 de La ley N°5006. Ello así, es claro que éste aparece infundado y claramente omitido e inaplicado en este aspecto."

"VII.- Todo lo considerado determina la nulidad de la sentencia en crisis por insuficiente o inadecuada fundamentación. Por tanto, corresponde se la case, conforme a la siguiente doctrina legal: “Es descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que, al resolver una expropiación pública, establece el monto indemnizatorio apartándose de lo previsto en el art. 32 Ley N° 5006 sin dar fundamento suficiente”. Los autos deben volver al Tribunal interviniente a los efectos de que, por intermedio de quien corresponda proceda a dictar nuevo pronunciamiento."

Además, dispositivo final del acuerdo:

"R E S U E L V E :

I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora, en contra de la sentencia de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Común, del 11/9/2018 y, en consecuencia SE LA CASA Y ANULA a tenor de la doctrina legal enunciada supra. Los autos deberán volver al tribunal interviniente a los efectos de que, por intermedio de quien corresponda, proceda a dictar nuevo pronunciamiento confirme a lo considerado. Devuélvase el depósito.

II.- COSTAS, como se consideran

III.- RESERVAR pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su oportunidad."