AZUCARERA JUAN M. TERAN S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO

¿Quién es el actor?

Sindicatura (Estudio J. Velardez, Juárez y Asociados), en su carácter de síndico —actuó por derecho propio—.

¿A quién se demanda?

Dirección General de Rentas de la Provincia de Tucumán (acreedor tardío) / Provincia de Tucumán (parte vencida).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la regulación de honorarios practicada en la sentencia de fecha 27/03/2023; se cuestiona la base regulatoria adoptada por el a quo y se solicita considerar como base el crédito insinuado ($17.619.592,41) con adición de intereses, en lugar del monto que se había tomado ($7.520.573,54).

¿Qué se resolvió?

Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación. Se modifica la base regulatoria empleada para fijar los honorarios de Sindicatura, tomándose la suma pretendida en la demanda incidental ($17.619.592,41) sin adicionar intereses. Aplicando las pautas percentuales consentidas (8% art. 8 Ley 7.897 y 30% art. 59 Ley 5.480), se fijan los honorarios de Sindicatura en 2,4% sobre la base regulatoria, que en este estado alcanzan $422.870,22 a la fecha de la sentencia apelada. Se imponen costas a la acreedora vencida. Se regulan honorarios al abogado Pedro Esteban Yane Mana en $150.000 por el recurso; no corresponde regular honorarios a la Dra. María Celeste Palazzo por actuar como apoderada de la Provincia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Ocurre que, de estarse solo a lo finalmente admitido, con olvido de la discusión realmente acaecida entre las partes, se deja sin remunerar labor profesional cumplida de manera exitosa, por parte de quienes sostuvieron la no admisión de lo finalmente rechazado. Así, tiene dicho la doctrina especializada que 'Si la pretensión es admitida parcialmente...no sólo cabe considerar el monto de la condena sino también la cantidad cuya procedencia se desestima' (cfr. Pesaresi-Pessaron, cit., p. 498). Aún más, la doctrina autoral y la jurisprudencia dominante en los tribunales nacionales se han inclinado por considerar que al momento de establecer la base regulatoria, se debe computar 'la pretensión inaugural del trámite de que se trate...' (Pesaresi-Pessaron, cit., p. 500 y fallos allí citados), advirtiéndose que 'en caso en que las costas del incidente de revisión le sean impuestas al acreedor que intentó la verificación, el monto para la regulación está representado por la suma consignada al formular la presentación pues ésta marca el contenido y alcance de la pretensión' (Ure-Finkelberg, cit., p. 398)."

"En lo concerniente a los intereses que pretende el apelante sean añadidos a dicha base, se debe indicar que no corresponde adicionar intereses a la base regulatoria antes señalada. [...] El Art. 287 al fijar la base regulatoria no manda a actualizar la misma. Nótese que expresamente dicha norma sostiene que 'se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado' (el subrayado nos pertenece); no estableciendo, como si lo hace el art. 39 de la ley 5.480, que se considerará monto del juicio, a más del monto de la demanda o reconvención, sus intereses entre otros conceptos (pero solo cuando correspondiere conforme se expondrá)."

"Por vía de este razonamiento se llega a una regulación intrínsecamente justa, teniendo en cuenta que, al margen de que no haya prosperado la demanda incidental en su totalidad o simplemente haya sido rechazada, el vencedor ha debido defenderse en función de una cuantía determinada, e importancia del asunto, en la cual no cabía en supuesto alguno que, de prosperar la demanda incidental, se adiciones intereses al monto reclamado."

(Se consignan además los dispositivos finales que resuelven: fijación de honorarios de Sindicatura en 2,4% sobre $17.619.592,41; suma $422.870,22; costas a la acreedora vencida; regulación de $150.000 al abogado apelante; no regulación a la Dra. Palazzo.)