AMOY ROSANA ARACELI s/ QUIEBRA PEDIDA -

¿Quién es el actor?

Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), acreedor revisionista.

¿A quién se demanda?

Amoy Rosana Araceli (fallida, proceso de quiebra) y Sindicatura (intervenida en la verificación).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Verificación y revisión de créditos fiscales y previsionales insinuados en el marco de la quiebra; admisión de saldos emergentes de planes de pagos decaídos y certificados de deuda, con determinación de privilegios (generales o quirografarios) e intereses.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la AFIP y se añadió al crédito admitido por el a quo ($471.985,21) la suma de $272.070,99, de los cuales $269.237,79 son con privilegio general y $2.833,20 son quirografarios, elevando el total admitido a $744.056,20 (con más intereses según lo dispuesto por el a quo). Se impusieron las costas de primera y segunda instancia por el orden causado. No corresponde pronunciamiento sobre honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En conclusión, el recurso de apelación se admite parcialmente, debiéndose añadir al crédito admitido por el a quo ($471.985,21) la suma de $272.070,99, de los cuales $269.237,79 poseen privilegio general y $2.833,20 son quirografarios, con lo que el total admitido alcanza la suma de $744.056,20, de los cuales $741.223,00 poseen privilegio general (art. 246 incs. 2 y 4 ley 24.522) y $2.833,20 son quirografarios (art. 248 L.C.Q.). A estas sumas se deberán añadir los intereses en la forma señalada por el a quo."

"Conforme ya lo señalara este Tribunal, la adhesión a los diversos planes de pago instrumentados por los organismos fiscales importa, en efecto, reconocer la deuda para con este acreedor. Así, se ha dicho que 'son declaraciones juradas' que 'constituyen título causado suficiente'... Y justamente, al implicar un reconocimiento expreso de la deuda, la adhesión al régimen de pagos implica la interrupción del plazo de prescripción. En este caso, considerando que dicho plan de pagos ha sido formalizado (26/06/2013), el nuevo plazo comenzará a correr desde el 01/01/2014, con lo que, a la fecha de presentación del pedido de verificación tempestiva realizada ante Sindicatura (06/12/2018) no han transcurrido los 5 años fijados en el art. 56 de la ley 11.683."

"En lo relativo al segundo agravio, ... no resulta necesario recurrir al efecto interruptivo de la prescripción que dicho plan de pagos implicó dado que, en el caso, se aplicó erróneamente el plazo de prescripción de cinco años dispuesto en el inciso a) del art. 56 de la ley 11.683 ... cuando, en el caso, no se está frente a un impuesto sino ante deudas relativas al Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS), con lo que, el plazo de prescripción es de 10 años conforme lo regula el art. 16 de la ley 14.236."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante (dos miembros del Tribunal), su dispositivo final es el que manda.