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Tribunal Superior

GUINDER MIGUEL ANGEL C/ ESTADO PROVINCIAL- DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA

El actor promovió demanda contencioso-administrativa contra el Estado provincial solicitando cumplimiento de sentencia y nulidad de normas que dilatan la ejecución. El Superior Tribunal declaró la inconstitucionalidad de varias disposiciones provinciales y nacionales por violar el art. 12 de la Constitución provincial y la tutela judicial efectiva, ordenando comunicar la decisión a los poderes provinciales.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (SAN LUIS)
Fuero
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (SAN LUIS)
Jurisdicción
Local · San Luis
Expediente
EXP 189921/10
Inconstitucionalidad Ejecucion de sentencia Art. 12 constitucion provincial Tutela judicial efectiva Derecho de propiedad Ley v-0149-2004 Ley viii-0674-2009 Ley viii-0791-2011 Ley 25.973 Ley 24.624

¿Quién es el actor?

Guinder Miguel Ángel (actor que obtuvo sentencia firme N° 40/08, del 27/05/2008).

¿A quién se demanda?

Estado Provincial de San Luis.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de sentencia y cuestionamiento de normas provinciales y nacionales (Ley Provincial V-0149-2004, Ley Provincial VIII-0674-2009, Ley VIII-0791-2011; Ley Nacional 25.973; artículos 19 y 20 de la Ley Nacional 24.624) que retrasan o impiden el cumplimiento de sentencias condenatorias contra la Provincia.

¿Qué se resolvió?

Se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Provincial V-0149-2004; artículos 2 y 15 de la Ley Provincial VIII-0674-2009; artículos 2 y 4 de la Ley VIII-0791-2011; la Ley Nacional 25.973; y los artículos 19 y 20 de la Ley Nacional 24.624. Se imponen costas a la demandada y se ordena comunicar las declaraciones de inconstitucionalidad al Gobernador y a los Presidentes de ambas Cámaras provinciales.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Tal como se sostuviera en los autos ‘Fernández José Hugo c/ Gobierno de la Pcia. de San Luis y otro s/ Accidente de Trabajo - Recurso de Apelación’, Expte. N° 13-F-09, STJSL-SJ N° 181/10, del 9 de junio de 2010, corresponde declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Provincial V-0149-2004, artículos 2 y 15 de la Ley Provincial VIII-0674-2009, la Ley Nacional 25.973 y los artículos 19 y 20 de la Ley Nacional 24.624.-

…corresponde tener presente la disposición del artículo 12 de la Constitución Provincial (…) del análisis literal de la misma surge que la Provincia puede ser demandado sin requisito previo, y que si se la condenara a pagar sumas de dinero, sus rentas pueden ser embargadas cuando la legislatura no haya efectivizado dicho pago dentro de los seis meses de que la sentencia condenatoria quede firme, situación que acontece en autos .- Por ello, el hecho de suspender la ejecución de honorarios hasta tanto dicho pago no esté expresamente previsto en la Ley de presupuesto correspondiente al ejercicio financiero del año inmediato posterior a la notificación de la sentencia que condene al pago de suma de dinero conjuntamente con liquidación respectiva y la resolución aprobatoria, contraría la expresa disposición constitucional.

Asimismo, al establecerse en los artículos 2 -2º párrafo- y 4 de la normativa cuestionada- un dies a quo distinto para el cómputo del plazo de los seis meses establecidos en la normativa constitucional para habilitar el embargo de las rentas de la Provincia, se advierte aquí también una transgresión a los preceptos de la misma.”

(Dispositivo)

“SE RESUELVE: 1°) Declarar la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2 y 4 de la Ley Provincial V-0149-2004, artículos 2 y 15 de la Ley Provincial VIII-0674-2009, artículos 2 y 4 de la Ley VIII-0791-2011, la Ley Nacional 25.973 y los artículos 19 y 20 de la Ley Nacional 24.624, con costas a la demandada vencida. 2°) De conformidad con lo previsto por el art. 10 de la Constitución de la Provincia, comunicar las declaraciones de inconstitucionalidad precedentes al Sr. Gobernador de la Provincia y a los Sres. Presidentes de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Provincia, mediante oficios a los que se adjuntará copia de la presente.”

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Omar Esteban Uría y Florencio Damián Rubio emitieron el voto principal con los fundamentos expuestos; el Dr. Horacio G. Zavala Rodríguez adhirió al voto preopinante y agregó expresiones sobre la garantía constitucional del derecho de propiedad y la improcedencia del “bill de indemnidad”.

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