CACERES HECTOR OSCAR c/ CITRUSVIL S.R.L. Y OTRO s/ COBROS

¿Quién es el actor?

Cáceres Héctor Oscar.

¿A quién se demanda?

Citrusvil S.R.L. (actual Citrusvil S.A.) y Cooperativa de Trabajo Inducoop Ltda. (hoy Cooperativa de Producción de Servicios Agrupar Ltda.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Accidente de trabajo y reclamo de responsabilidad laboral (se pidió aplicar, entre otras, las normas de la LCT, art. 30/29 y declarar la existencia de vínculo laboral o fraude en la contratación mediante cooperativa).

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el actor, declaró que la sentencia N° 077 de la Cámara del Trabajo (27/05/2011) adolece de vicio por fundamentación insuficiente (dogmatismo) y por omitir análisis circunstanciado de las cuestiones planteadas; casó el acto jurisdiccional y remitió los autos a la Cámara para que, por la Sala que corresponda, dicte nuevo pronunciamiento. Imponiendo costas de la instancia de casación por el orden causado y reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Relato de la Cámara sobre la naturaleza del vínculo (transcripción del pasaje que la Corte cita del A quo):

“…a la fecha del accidente ocurrido el 05/09/94, el actor Héctor Oscar Cáceres revestía la calidad de socio de la Cooperativa de Trabajo Inducoop Ltda., y no la de trabajador dependiente en los términos del Art. 25 de la LCT.

Esta conclusión encuentra su fundamentos en el hecho que el actor no ha probado a través de las pruebas ofrecidas y producidas en autos (Instrumental -fs. 168/169- ), (Informativa -fs. 170/221-), que la relación invocada con la Cooperativa de Trabajo Induccop Ltda. haya sido de carácter laboral, (Art. 22 del LCT), ni que haya realizado actos o prestado servicios a favor de la citada cooperativa, bajo dependencia de ésta, en forma voluntaria y mediante el pago de una remuneración. Tal situación implica concluir que la vinculación que existía entre ellos era de carácter asociativa, basado en las disposiciones legales emanadas de la Resolución N° 138/92 del INACyM, y ajena a las normas del derecho laboral.”

Fundamento principal de la Corte sobre la insuficiencia motivadora:

“De una simple lectura de los párrafos transcriptos, y del resto del acto judicial controvertido, se desprende que la fundamentación en la cual la Sala a quo pretende sustentar su decisión desestimatoria del fraude laboral resulta palmariamente insuficiente.

Ello así toda vez que, en rigor de verdad, el Órgano de grado se limitó a sostener la autenticidad del contrato celebrado entre las demandadas y a decir que el alcance de dicho acto bilateral se ajustaba ‘…a las normas del derecho común y a la autonomía de la voluntad, en cuanto a la forma, contenido y vigencia de los contratos.’; omitiendo explicitar de forma concreta y circunstanciada las razones que lo llevaron a aseverar que no se configuró el fraude denunciado. Tampoco obra implícita la pertinente justificación; pues, que el instrumento en el cual se documentó el mentado negocio jurídico sea auténtico y su contenido acorde a la normativa del derecho civil, no excluye la posibilidad de que el alegado fraude haya tenido lugar.

Lo hasta aquí analizado evidencia que el discurso en el que se intenta cimentar el pronunciamiento atacado resulta insuficiente para inferir de él conclusión alguna en relación al propósito que el propio Tribunal se impuso, cual es, determinar la inexistencia de fraude laboral; habida cuenta que las escasas líneas elaboradas por el juzgador no reflejan el razonamiento que necesariamente debe exhibir el acto jurisdiccional a fin de contar con una debida motivación; lo que convierte a éste en dogmático.”

Doctrina y consecuencia:

“Debe descalificarse como acto jurisdiccional válido al pronunciamiento que omite un análisis circunstanciado de la cuestión planteada, limitándose a ofrecer una fundamentación aparente”.

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (Goane, Sbdar y Gandur). No se registran votos en disidencia.