AMAYA ARNALDO Y OTROS C/ SESLEP Y/O GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS - RECURSO DE APELACION

¿Quién es el actor?

Amaya, Arnaldo y otros (acreedores/ejecutantes de sentencia).

¿A quién se demanda?

SESLEP y/o Gobierno de la Provincia de San Luis (Estado Provincial / Fiscalía de Estado apelante).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de sentencia y embargo de sumas depositadas en cuenta corriente de la Provincia por monto indicado (capital $259.170,26 más suma provisoria $129.500 para intereses y costas), para hacer efectivo pago de liquidación.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso directo de apelación interpuesto por la demandada y se confirmó la interlocutoria apelada; además se declaró la inconstitucionalidad de las leyes nacionales N° 25.973 y de los arts. 19 y 20 de la N° 24.624, y la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 4 y 15 de la ley provincial N° VIII-0674-2009 en tanto contraponen al art. 12 de la Constitución provincial. Se ordenó comunicar las declaraciones de inconstitucionalidad conforme al art. 10 de la Constitución provincial.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Por ello, el hecho de suspender la ejecución de honorarios hasta tanto dicho pago no esté expresamente previsto en la Ley de presupuesto correspondiente al ejercicio financiero del año inmediato posterior a la notificación de la sentencia que condene al pago de suma de dinero conjuntamente con liquidación respectiva y la resolución aprobatoria, contraría la expresa disposición constitucional”.

“Además, mientras el precepto constitucional declara embargables los bienes sujeto al transcurso del plazo mencionado anteriormente, la ley en su art. 4 la ley declara inembargables todos los bienes, recursos y créditos del Estado Provincial disponiendo el cese de ese carácter si dentro de los seis meses contados a partir de la fecha de vigencia de la primera ley de presupuesto dictada con posterioridad a la notificación de la sentencia y liquidación firme que prescribe el artículo 1 no se encuentre previsto el crédito para efectuar el pago, o éste no se hiciere efectivo en el plazo que ella establece”.

“De lo expuesto puede concluirse que los artículos 1, 2 y 4 de la ley V-0149-2004 son violatorios del orden constitucional, al ser contrarios a lo dispuesto en el art. 12 de la Carta Magna Provincial”.

“En este orden de ideas, no pertenece a la competencia del Estado Nacional determinar el modo en que la Provincia actúa en juicio con sus ciudadanos, sobre todo si la normativa provincial es más ventajosa para éstos en el sentido de que asegura más eficazmente su derecho de defensa frente al Estado. El Gobierno de la Nación no puede derogar una norma de la Constitución de la Provincia, mucho menos si ésta no ofende ningún principio de la Constitución Nacional.”

Bloque dispositvo final (texto literal): “SE RESUELVE: 1°) Rechazar el recurso directo de apelación interpuesto por la demandada, confirmando la interlocutoria apelada, con costas (arts. 68 y 69 del Cód. Procesal Civil y Comercial). 2°) Declarar la inconstitucionalidad de las leyes nacionales N° 25.973 y de los arts. 19 y 20 de la N° 24.624. 3°) Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 4 y 15 de la ley provincial N° VIII-0674-2009, en tanto se contraponen al art. 12 de la Constitución de la Provincia. 4°) Cumplimentar lo dispuesto por el art. 10 de la Constitución de la Provincia, comunicando las declaraciones de inconstitucionalidad realizadas al Sr. Gobernador...”

¿Cómo votaron los jueces?

El acuerdo se integró con los votos coincidentes de los Dres. Omar Esteban Uria, Florencio Damián Rubio, Carlos Guillermo Maqueda y José Luis Flores, conforme consta en los respectivos votos redactados y en el dispositivo final. No consta disidencia en el bloque resolutivo final.