SCANIA ARGENTINA S.A. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN - D.G.R. s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Scania Argentina S.A.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (D.G.R.).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Declaración de inconstitucionalidad de la R.G. 40/99 y R.G. 23/02 (y concordantes) por la designación de Scania como Agente de Retención del impuesto sobre los Ingresos Brutos, y nulidad del último párrafo del art. 32 de la ley 5.121; se solicitó además mantener medidas cautelares.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar a la demanda de inconstitucionalidad respecto del último párrafo del art. 32 de la ley 5.121; declarar inoficioso el tratamiento de la objeción constitucional respecto de la R.G. 23/02; no hacer lugar a la pretensión de inconstitucionalidad de la R.G. 40/99 respecto de la designación de Scania como agente de retención; dejar sin efecto las medidas cautelares; costas en proporción 80% a cargo de la actora y 20% a la demandada; regular honorarios oportunamente.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“I- NO HACER LUGAR, en razón de lo considerado, al pedido de declaración de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 32 de la ley Nº5121 deducido por la actora.

II- DECLARAR INOFICIOSO el tratamiento de la objeción constitucional referida a la resolución general Nº 23/02.

III- NO HACER LUGAR, por lo considerado, a la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de la R.G. 40/99 dictada por la D.G.R., promovida en autos por Scania Argentina S.A. respecto de la designación de dicha firma como Agente de Retención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.”

Sobre admisibilidad y caso concreto: “Acreditado de manera suficiente el carácter de agente de retención del impuesto a los IIBB que la parte actora reviste, lo que la posiciona como posible destinatario de la RG cuya declaración de inconstitucionalidad pretende, queda en evidencia el interés que lo legitima para demandar la inconstitucionalidad de la mentada Resolución General.”

Respecto de la defensa de firmeza/agotamiento de la vía administrativa: “Por eso no luce ajustado a derecho postular como conducta vinculante, en orden a esta teoría, la falta de interposición de recursos administrativos en el particular contexto que aquí se presenta... no luce incompatible que la actora haya actuado por más de veinte años como agente de retención, y ‘recién’ ahora, pida la inconstitucionalidad de su designación... puesto que ese agravio constitucional alegado pudo haber nacido o verse agravado a niveles intolerables con el tiempo transcurrido.”

Sobre la comparación con competidores y motivación probatoria: “...surge palmaria que la firma actora presenta una realidad diferente a las demás empresas con las que fue objeto de comparación en el trabajo pericial practicado en autos, desprendiéndose de ello que a estar al nuevo criterio sentado por la Corte local... la identidad a la que hace referencia la accionante no es absoluta. ...no se evidencia que la actora se encuentre en una situación desventajosa respecto de los competidores con quienes fue objeto de comparación... por lo que corresponde no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad interpuesta en autos...”

Sobre costas y honorarios: “Atento el resultado arribado en la presente causa, y existiendo vencimientos recíprocos... las costas se imponen en un 80% a cargo de la parte actora, y el 20% restante a cargo de la demandada... Reservar regulación de honorarios para su oportunidad.”

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue adoptada por mayoría correlacionada con los votos de la Dra. Ebe López Piossek (voto de la preopinante) y del Dr. Sergio Gandur, coincidentes en el sentido de los considerandos y el dispositivo final.