DIAZ AMANCIO BAUTISTA c/ CAJA POPULAR DE AHORROS DE TUCUMAN s/ COBRO DE PESOS

¿Quién es el actor?

Díaz Amancio Bautista, DNI 10.836.425.

¿A quién se demanda?

Caja Popular de Ahorros de Tucumán (parte demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro de pesos por diferencias indemnizatorias derivadas de un mayor porcentaje de incapacidad laboral (el juez de primera instancia había condenado al pago de $232.488,93 en concepto de diferencia por porcentaje de incapacidad).

¿Qué se resolvió?

La Corte Suprema (Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo) declaró inadmisible y, por ende, mal concedido, el recurso de casación interpuesto por la demandada contra la sentencia de la Cámara de Apelación del Trabajo (Sala I, Centro Judicial Concepción) de fecha 03/09/2018; impuso las costas a la recurrente y reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La sentencia impugnada rechazó el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del Juez del Trabajo de la IIª Nominación del Centro Judicial Concepción de fecha 24/10/2017 (fs. 367/375 vta.), que -en lo que aquí concierne- resolvió “HACER LUGAR parcialmente a la demanda promovida por DIAZ AMANCIO BAUTISTA , DNI Nº 10.836.425, en concepto de diferencia por porcentaje de incapacidad, condenando a la CAJA POPULAR DE AHORROS al pago de la suma de $232.488,93 (Pesos Doscientos Mil Treinta y Dos Cuatrocientos Ochenta y Ocho con 93/100 ctvs), conforme se discrima en la planilla adjunta en fallo”."

"La Cámara, en lo que aquí concierne, sostuvo que “en las concretas y especiales circunstancias de la causa si la recurrente tuvo la oportunidad de impugnar u observar en la instancia precedente la pericia médica que se rindió, sin que lo haya hecho, este Tribunal debe juzgar que la parte demandada dejó firme la conclusión de la perito médico oficial, sin que pueda venir a suplir esa omisión en la que incurrera desarrollando argumentos inconsistentes y sin ningún sustento, como la pregonada afectación de su derecho de defensa, solo con el afán de intentar marginar las conclusiones de un dictamen pericial que está basado en razones objetivas y científicamente comprobables, no advirtiendo de ninguna manera errado el modo de fijar la incapacidad por la perito sobre todo cuando al respecto se base puntualmente en el baremo establecido por el decreto 659/96”."

"Consideró que “resulta de toda evidencia que el dictamen pericial médico producido en la litis determinó al actor un porcentaje de incapacidad (51,28%) superior al reconocido por la aseguradora demandada en sede administrativa (46,44%), y no existe razón alguna para apartarse de la conclusión de la perito médico oficial”, y que “la circunstancia de que la incapacidad laboral determinada en sede administrativa hubiera obtenido homologación por la Oficina de Homologación y Visado de la Superintendencia de riesgos del trabajo de conformidad con el trámite previsto por la Resolución nº 1556/2009 de ninguna manera se erige en una circunstancia que cercene la actuación de la jurisdicción en el caso”."

Motivo de inadmisibilidad de la casación: la Sala consideró que no se acredita el requisito de procedencia previsto en el art. 130 del CPL (la cuestión no asume gravedad institucional; no excede el interés particular de las partes ni afecta a la comunidad), por lo que el recurso, aunque contra sentencia definitiva, resulta inadmisible. Se impusieron las costas a la recurrente.