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Tribunal Superior

SALCEDO CARLOS Y TELICZAN ROSA ELENA c/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN s/ EJECUCION DE HONORAIOS

La Provincia de Tucumán impugnó la decisión que declaró incompetente al Juzgado Civil y Comercial Común VIII para entender en un pedido de levantamiento de embargo librado por Oficio-Ley. La Corte hizo lugar a la casación, revocó parcialmente la sentencia de Cámara y declaró competente al Juzgado de 8ª Nominación para entender en el pedido de levantamiento de embargo (reservando la incompetencia para el planteo de inconstitucionalidad), ordenando remitir los autos para nuevo pronunciamiento.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Civil y Penal
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
C2641/17
Oficio-ley 22.172 Embargo Inembargabilidad fondos publicos Competencia Juzgado civil y comercial viii Ejecucion de honorarios Ley provincial 8.851 Casacion Remision de autos Costas

¿Quién es el actor?

Los ejecutantes / peticionantes en la ejecución de honorarios (representados por letrado Juan José Martorell en oficio-Ley).

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de Tucumán (representación letrada de la Provincia).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Ejecución de honorarios y medidas de embargo libradas por Oficio-Ley Nº 22.172 sobre cuentas del Banco del Tucumán; pedido posterior de levantamiento de embargo y planteo de inconstitucionalidad de la ley provincial Nº 8.851.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia; se revocó parcialmente la sentencia de la Cámara (que había confirmado la incompetencia del Juzgado de 8ª Nominación), y se dispuso sustitutivamente declarar la competencia del Juzgado Civil y Comercial Común de la Octava Nominación para intervenir en el pedido de levantamiento de embargo; se mantuvo la incompetencia para resolver el planteo de inconstitucionalidad; se remitieron los autos para que el Juzgado dicte nuevo pronunciamiento. Se impusieron costas por el orden causado y se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En ese marco consideramos que así como el tribunal al que se dirige el oficio puede no dar curso a aquellas medidas que de un modo manifiesto violen el orden publico local, también es competente para entender en aquél planteo que cuestiona su decisión de dar curso a la medida invocando que la misma afecta el orden público local. Es decir, si bien su competencia para no dar curso a las medidas se encuentra reducida a los supuestos que contemplados en el art. 4 de la Ley n° 22.172, la invocación de uno de esos supuestos que impiden dar curso a las medidas, reclama una decisión de su parte, ya sea en forma previa a trabar el embargo, o bien, frente a su cuestionamiento posterior."

"En mérito a lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación deducido por la parte demandada contra la sentencia de Cámara, dejando parcialmente sin efecto lo decidido, sólo respecto de que el Juzgado Civil y Comercial Común de la Octava Nominación no es competente para entender en el pedido de levantamiento de embargo planteado por la Provincia de Tucumán en cuanto aduce que esa medida viola el orden público local, correspondiendo mantener la decisión de que resulta incompetente para resolver el planteo de inconstitucionalidad."

¿Cómo votaron los jueces?

Se consignan disidencias parciales junto a las firmas de los vocales Daniel Oscar Posse, Antonio D. Estofán y Claudia Beatriz Sbdar (la Sra. Vocal Sbdar expresó adhesión al fundamento general pero manifestó disidencia respecto de los dos últimos párrafos del punto V del voto preopinante salvo la doctrina legal, proponiendo una redacción resolutiva que amplía el alcance y dispone remitir los autos al Juzgado para nuevo pronunciamiento).

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