ÑAÑA SUJ S.A. c/ COMUNA DE LA RAMADA s/ INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Ñaña Suj S.A. (parte actora).

¿A quién se demanda?

Comuna de La Ramada.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se impugna la constitucionalidad del tributo denominado “Contribución que incide sobre los inmuebles” (CISI) regulado por el art. 131 de la Ley Nº 5.637 (Código Tributario Comunal), sosteniendo que se trataría de una contribución (tributo vinculado) y no de un impuesto.

¿Qué se resolvió?

La Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo de la Corte rechazó el recurso de casación interpuesto por la actora contra la sentencia Nº 114 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (19/3/2019), confirmando que el CISI reviste la naturaleza de impuesto; costas a cargo de la recurrente; reserva sobre regulación de honorarios. Voto mayoritario (Eleonora Rodríguez Campos, Daniel Oscar Posse y Daniel Leiva). Voto en disidencia parcial de la Dra. Claudia Beatriz Sbdar, quien proponía casar y remitir a la Cámara para nuevo pronunciamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes (texto original del tribunal):

"La sentencia en crisis no hace lugar a la demanda que la razón social Ñaña Suj S.A. interpusiera contra la Comuna de la Ramada, cuestionando la constitucionalidad del tributo denominado 'Contribución que incide sobre los inmuebles' (CISI) que regula el art. 131 de la Ley Nº 5.637 (Código Tributario Comunal -en adelante CTC-).

Expresa que, analizando la forma que se encuentra estructurado el hecho imponible descripto en la norma en cuestión, se observa que se incluyen actividades de parte de la Comuna tales como la 'conservación de arbolados y jardines públicos, conservación de plazas y espacios verdes, inspección de baldíos, nomenclatura urbana y conservación de acequias', que benefician a la comunidad en general y que no constituyen servicios divisibles que afecten concreta y efectivamente a contribuyentes individualizados.

Entiende que 'tal amplia gama de servicios a prestar por el ente comunal a los contribuyentes propietarios o poseedores a título de dueño de inmuebles ubicados dentro del territorio comunal' conduce a concluir que, más allá de su denominación y a la luz del principio de primacía de la realidad, el CISI reviste la naturaleza de impuesto y no de tasa."

"En ese sentido se ha explicado que si el servicio beneficia de manera directa y personal a un particular, se trata de un servicio uti singuli, que autoriza a percibir del beneficiario inmediato el correspondiente tributo vinculado, con independencia de que el resto de la población resulte indirectamente favorecida por la misma prestación; y que, a la inversa, si se está ante servicios que por su generalidad e impersonalidad benefician directamente a la población y sólo de un modo indirecto a cada uno de los vecinos del municipio o -en este caso- comuna, en tanto y en cuanto integrantes de dicho colectivo, cabe hablar de servicios uti universi, cuyo sostenimiento o manutención no alcanza a justificar apropiadamente el cobro de un tributo vinculado habida cuenta la apuntada falta de especificidad necesaria en su vinculación con el contribuyente (cfr. CSJT: 16/6/2011, 'Lischinsky Mariana vs. Municipalidad de Yerba Buena s/ Inconstitucionalidad', sentencia Nº 396; ...)."

¿Cómo votaron los jueces?

"Confron­tada la crítica recursiva con la línea argumental del fallo impugnado, precedentemente reseñada, se concluye en que asiste razón al recurrente toda vez que la Cámara ciñó su análisis al carácter general de las funciones estatales que la comuna demandada pretende solventar con el tributo cuya constitucionalidad se impugna, omitiendo analizar integralmente el hecho imponible descripto en el art. 131 de la Ley Nº 5.637 en relación a que dichos servicios deben ser recibidos por los inmuebles ubicados dentro del territorio comunal y si dichos servicios son efectivamente prestados por la Comuna. Dicho déficit determina la procedencia del planteo en examen. ... En mérito a las consideraciones efectuadas, se concluye en que la sentencia incumplió el deber de adecuada motivación, lo que la descalifica como acto jurisdiccional válido, al transgredir los arts. 18 de la Constitución Nacional -que garantiza el debido proceso legal-, 30 de nuestra Constitución provincial y 264 del CPCyC -supletorio-, ... Por ello: 'I.- HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la parte actora ... En consecuencia, Casar dicho pronunciamiento ... y Remitir los autos a la referida Cámara a fin de que, por intermedio de la Sala que por turno corresponda, dicte nuevo pronunciamiento.'"