DIP PABLO MARCELO c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ AMPARO

¿Quién es el actor?

Dip. Pablo Marcelo (parte actora, letrado apoderado Juan Manuel Posse).

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Amparo; en este incidente concreto se discutió la revocatoria contra la regulación de honorarios al letrado apoderado por la actuación en la causa.

¿Qué se resolvió?

No hacer lugar al recurso de revocatoria interpuesto por la parte demandada; costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"IV. La sentencia recurrida regula honorarios al letrado apoderado de la parte actora, Juan Manuel Posse, por la tarea profesional cumplida en relación al recurso de casación resuelto por sentencia de fecha 14 de agosto de 2019 - fs.135/140- con expresa imposición de costas a la demandada. La regulación recurrida consigna expresamente que la causa a los fines regulatorios carece de contenido económico directo, por lo que corresponde aplicar los artículos 14,15 y demás concordantes de la ley arancelaria. Se indicó que el artículo catorce se refiere al carácter de la intervención -en el caso, apoderado doble carácter-. Del artículo 15 se destacó el trabajo profesional desarrollado, tiempo empleado y el resultado obtenido. Si bien el recurrente se queja porque de lo expuesto no sería posible conocer de dónde surge ese monto, a continuación y citando los mismos artículos llega a la misma conclusión del Tribunal: se reguló el mínimo legal, consistente en el valor de una consulta escrita de abogado vigente al tiempo de la regulación, o sea $16.000 con más el 55% de los procuratorios conforme lo dispuesto por el artículo 14 y arriba a la suma fijada de $24.800.

Esta Corte tiene dicho que “El artículo 51 establece solo el porcentaje que se regula sobre la cantidad que deba fijarse -no de lo efectivamente regulado- para los honorarios de primera instancia. De allí que las regulaciones de primera y segunda o ulterior instancia, tienen independencia no solo en cuanto a las pautas regulatorias, sino también en relación a la base. Las Cámaras y la Corte Suprema poseen soberanía sobre la regulación a practicar en sus respectivas instancias. No están condicionadas por los porcentajes fijados en las instancias anteriores. En el caso de autos, de la aplicación de los artículos 51 y 59 surgía una suma inferior, por lo que se fijó el valor de una consulta escrita, considerando el doble carácter en que intervino el letrado…” (CSJT, “Brizuela, Elva Dolly del Valle vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso administrativo”, sent. nº 2124 del 12/11/2019).

Asimismo, este Tribunal ha señalado que “el artículo 38 habla de honorarios del ‘abogado’, pero el art. 14 se encarga de diferenciar la actuación de los abogados como ‘patrocinantes’ y ‘como apoderados’, de lo que se infiere que el abogado puede cumplir ambas tareas. En el último supuesto (apoderado doble carácter) resulta de aplicación ineludible el art. 14, es decir que a sus honorarios les corresponde un incremento del 55% por la doble actuación que desenvuelve en el proceso. El hecho que el artículo 38 prevea un piso que no puede perforarse (una consulta escrita) no implica que éste englobe ambas actuaciones. Por el contrario, se entiende que si actúa como apoderado y patrocinante, al importe mínimo (consulta escrita) se le sumará el 55% que le cabe como apoderado, pues cada tarea debe tener su propia remuneración” (CSJT, “Delgado, Carlos Mariano vs. Banco Hipotecario S.A. Administración del Fideicomiso Procrear s/ Amparo”, sent. nº 1889 bis del 11/10/2019).

Al criterio precedentemente expuesto responde la regulación de honorarios impugnada, la que se ajusta a las expresas disposiciones de la ley arancelaria aplicables al caso (arts. 14, 15 y 38 Ley 5.480), por lo que la revocatoria interpuesta debe ser rechazada."

¿Cómo votaron los jueces?

la decisión se dicta por el Tribunal (firmada por Claudia Beatriz Sbdar, Eleonora Rodríguez Campos y Daniel Oscar Posse), con el Vocal Antonio D. Estofán en uso de licencia; no consta disidencia en el dispositivo.