CORREA CARLOS SERGIO Y OTROS c/ PROVINCIA DE TUCUMAN s/ NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO

¿Quién es el actor?

Carlos Sergio Correa, Rafael Eduardo Rillo Cabanne y Hernán Raúl Correa.

¿A quién se demanda?

Provincia de Tucumán (y la Honorable Legislatura de Tucumán como tercero interesado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Nulidad de actos administrativos: Decretos N° 3.179‑MP/2016, 3.180‑MP/2016 y 3.181‑MP/2016 (bajas como personal temporario de la HLT) y, en su consecuencia, la nulidad de las decisiones administrativas que los confirmaron.

¿Qué se resolvió?

La Corte hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la parte demandada, casó íntegramente la Sentencia Nº 84 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo (09/03/2018) y remitió la causa a la Cámara para que, por la Sala que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento sobre la excepción previa de caducidad de la acción (art. 35 inc. 2 del CPA), teniendo en cuenta las consideraciones de la Corte. Se impusieron las costas de esta instancia conforme al orden causado; se reservó regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de los párrafos más relevantes del fallo (texto del tribunal, lenguaje original):

"V.- El CPA establece en su artículo 9 que cuando el objeto del proceso sea la pretensión tendiente a la restitución, en una situación jurídica-subjetiva, cuya modificación o extinción por la Administración Pública se alega ilegítima, su procedencia supone necesariamente la pretensión de nulidad del acto administrativo pertinente; en este caso -continúa la norma citada- la demanda debe ser deducida en el plazo perentorio de noventa, diez o treinta días hábiles judiciales, computados desde la notificación del acto que agota la instancia administrativa, según se trate respectivamente de un proceso ordinario, sumario o de alguno de los denominados “recursos judiciales” contemplados por leyes especiales.

En la dinámica de análisis que supone la dilucidación del planteo impugnativo aquí intentado, la disposición anterior se complementa con la del artículo 12 del CPA que, a modo de principio o regla general, prescribe que el ejercicio de las acciones allí reguladas requiere el agotamiento de la instancia administrativa por las vías previstas en la LPA (ley 4.537) y demás leyes especiales.

Según se infiere de la sentencia bajo recurso, el rechazo de la excepción de caducidad que allí se propicia responde a la idea de que a los actores le bastaba con atacar judicialmente los Decretos N° 3.179‑MP/2016, 3.180‑MP/2016 y 3.181‑MP/2016, sin que resulte necesario que también plantearan formalmente la nulidad del Decreto N° 0015‑A/2017. Tal razonamiento, sin embargo, no se encuentra debidamente desarrollado como para constituir un fundamento válido a la solución que pretende respaldar."

"En suma, frente a un contexto como el descripto, a los fines de su debida justificación, el rechazo de la defensa previa del artículo 35 inciso 2 del CPA presuponía inexorablemente una refutación expresa del hecho (emisión del “acto que causa estado” por resolver un recurso administrativo de interposición obligatoria) que la Provincia invocara en fundamento de su defensa de caducidad de la acción, siendo menester que en la sentencia se expusieran cuáles son en concreto las razones que conducen a sostener que, para demandar judicialmente la nulidad de los decretos N° 3.179‑MP/2016, 3.180‑MP/2016 y 3.181‑MP/2016, los actores no necesitaban agotar la instancia administrativa previa interponiendo reconsideración en contra de aquellos actos a través de los cuales el Presidente de la HLT decretara sus sendas bajas como personal político de ese cuerpo.

En función de lo dicho cabe hacer lugar al recurso de casación planeado por la parte demandada contra la Sentencia Nº 84 dictada por la Sala II de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo en fecha 09 de marzo de 2018, sobre la base de la siguiente doctrina legal: “Incurre en arbitrariedad y, por ende, resulta descalificable como acto jurisdiccional válido la sentencia que no cuenta con fundamentos suficientes”."

¿Cómo votaron los jueces?

La decisión mayoritaria apoyó la casación (votos de las Dras. Eleonora Rodríguez Campos y Claudia Beatriz Sbdar, y del Dr. Daniel Oscar Posse). El Dr. Antonio D. Estofán estuvo en disidencia parcial respecto de la doctrina propuesta y del reenvío, proponiendo en su voto la sustitución por sentencia que haga lugar a las excepciones de caducidad y que se impongan costas a los actores.