HERRERA GUSTAVO ARIEL c/ FORTI MARTIN NORBERTO Y / OTRO s/ COBRO EJECUTIVO

¿Quién es el actor?

Herrera Gustavo Ariel (actor ejecutante).

¿A quién se demanda?

Forti Martín Norberto y/o y como codemandada Pordenone S.A.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Cobro ejecutivo (ejecución de títulos — pagarés).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por Pordenone S.A., confirmando la sentencia de fecha 04/03/2015 que hizo lugar a la oposición a la apertura a prueba (dejando sin efecto la providencia de 05/11/2014) e impuso las costas a la codemandada apelante.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"El art. 520 del CPCCT en su parte pertinente expresa: '…Evacuado el traslado el juez abrirá a prueba la causa por quince (15) días si se hubiera ofrecido alguna que no consistiese en constancias del expediente…'. Es decir en forma expresa establece éste artículo que solo procederá la apertura a prueba de un proceso ejecutivo, en el supuesto de que se hubieren ofrecido medios de prueba ajenos a las propias constancias de autos. Si las excepciones son de puro derecho o se fundan exclusivamente en las constancias del expediente, o no se ha ofrecido prueba, el juez debe pronunciar sentencia."

"La prueba que tiende a demostrar un hecho inconducente es impertinente por superflua, y cuando surge en forma notoria o manifiesta la impertinencia de la prueba, al ser ofrecida el juez de oficio debe rechazarla, porque en virtud del principio de economía procesal se tiene que evitar el dispendio jurisdiccional…"

"En el caso de autos, la prueba instrumental consistente en las constancias de autos, en especial la propia literalidad del pagaré ejecutado, no amerita la apertura a prueba del proceso pues haciendo una valoración de las pruebas ofrecidas, concluimos que las mismas no tienen relevancia respecto al caso concreto a decidir, además, de ser manifiestamente inconducentes a los fines de la resolución de la causa siendo que están orientadas a indagar la causa de los títulos que se ejecutan no correspondiendo su tratamiento en el juicio ejecutivo en virtud de su naturaleza de prueba limitada, como ya anticipáramos."

Sobre la pretensión de suspender por trámite penal: "El art. 1.101 del Código Civil no resulta de aplicación al juicio ejecutivo ... la denuncia que se formula en sede penal no es causal que autorice la paralización del procedimiento de la acción ejecutiva, ya que esa circunstancia no configura una cuestión prejudicial en los términos del art. 1.101 del Código Civil."

Respecto de costas: "En el acto sentencial impugnado el juzgador ha captado correctamente el sentido y alcance de la norma vigente y efectuó una aplicación razonada de la misma ... corresponde el rechazo de los agravios y la confirmación de la sentencia apelada, con imposición de costas al vencido por ser de ley expresa (art. 107 Procesal)."

(Voto de mayoría que integra el dispositivo final; no consta disidencia relevante en el bloque resolutorio).