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Cámara de Apelaciones

HOFFMAN MARIA MAGDALENA s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA

La actora promovió acción por prescripción adquisitiva y se solicitó la intervención como tercero subrogante de Jorge David Ramírez. La Cámara confirmó la sentencia que admitió la intervención de Ramírez y rechazó la apelación, imponiendo las costas a la actora por el principio objetivo de la derrota.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - CONCEPCION - Sala 1 (TUCUMAN)
Fuero
CAMARA CIVIL Y COMERCIAL COMUN - CONCEPCION - Sala 1
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
485/06
Prescripcion adquisitiva Intervencion de tercero Tercero subrogante Costas Art. 105 cpcc Principio objetivo de la derrota Incidente Conducta dilatoria Confirmacion de sentencia Camara civil y comercial (concepcion)

¿Quién es el actor?

María Magdalena Hoffman (actora).

¿A quién se demanda?

(no surge un demandado singular en el texto; se tramita acción de prescripción adquisitiva con intervención del Sr. Jorge David Ramírez como tercero; el recurso fue interpuesto contra la sentencia de la Jueza Civil y Comercial).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Pretensión de prescripción adquisitiva; además en autos se ventiló pedido de intervención voluntaria por tercero subrogante para inscribir la hijuela.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación interpuesto por la actora y se confirmó la sentencia nº 424 de fecha 5/11/2019 que otorgó la intervención al Sr. Jorge David Ramírez en carácter de tercero subrogante y le impuso las costas de la instancia a la actora vencida.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

“Ahora bien, la regla del art. 105 del CPCC dispone: ‘La parte vencida será siempre condenada a pagar las costas, aunque no mediara petición expresa, salvo en los siguientes casos que deberán fundarse, bajo pena de nulidad: 1) Cuando el juez considere que hay mérito para eximirla total o parcialmente de ellas. 2) En las cuestiones de derecho, cuando el caso no estuviera expresamente resuelto por la ley. 3) Cuando la parte demandada se allanara sin condiciones, en forma total, oportuna, efectiva, sin que por su culpa se hubieran producido los gastos que las constituyen, y no estuviera en mora’. Es decir que como regla dispone que la parte vencida debe asumir la totalidad de los gastos causados u ocasionados por la exigencia inmediata de la sustanciación del proceso, y también los que se hubiesen realizado para evitar el juicio. Su fundamento reside en el hecho objetivo de la derrota y considera parte vencida a la que obtiene un pronunciamiento judicial adverso a la posición jurídica que asumió en el proceso.

En la especie el recurrente pretende ser liberado de la costas argumentando no haber formulado oposición a la intervención solicitada por el Sr. Jorge David Ramírez, lo que de acuerdo a los antecedentes señalados, es así, en tanto que ni siquiera se expidió al respecto. No obstante, es necesario señalar que, como lo sostiene la doctrina ‘Vencido es aquel en contra del cual se declara el derecho o se dicta la decisión judicial. El concepto de vencido no implica necesariamente que debió haber discusión o contienda entre las partes’ (Chiovenda, ‘La Condena de Costas’, p. 315). Es que aún cuando no hubiera formulado una oposición expresa, tampoco se advierte un comportamiento consecuente con tal manifestación. En efecto, conforme se expuso, el pedido de intervención fue realizado en fecha 24/11/2015 (hace casi cinco años), habiéndose dictado sentencia favorable en fecha 5/11/2019, pero sin que hasta la fecha sea posible continuar con el trámite por los múltiples planteos efectuados por la parte actora.

Consecuentemente, al no configurarse en autos ninguna de las excepciones contempladas en el art. 105 Procesal que justifique la eximición de costas al recurrente, resulta ajustada a derecho la decisión de la Sra. Juez a-quo de imponerlas conforme el principio objetivo de la derrota, debiendo desestimarse la apelación interpuesta por el letrado Martín Tadeo Tello, por la actora, en contra de la sentencia nº 424 de fecha 5 de noviembre de 2019 (fs. 515/516 vta.), la que se confirma en todos sus términos.”

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia está firmada por las Dres. Mirtha Inés Ibáñez de Córdoba y Dr. Mario Rodolfo Leal (acuerdo), sin disidencias consignadas.

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