GOMEZ OMIL MARIA VIRGINIA c/ CENCOSUD S.A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS
La actora demandó por daños y perjuicios contra Cencosud S.A. reclamando daño moral y daño punitivo por trato indigno y demora en la solución de errores en tarjeta de crédito. La Cámara hizo lugar parcialmente a la apelación y aumentó la condena por daño moral a $50.000 (fecha sentencia de primera instancia) y rechazó la aplicación de daños punitivos.
¿Quién es el actor?
María Virginia Gómez Omil Durba (actora recurrente).
¿A quién se demanda?
Cencosud S.A. (y Prisma Medios de Pago S.A. en primera instancia).
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Daños y perjuicios por inclusión indebida/información incorrecta y perjuicios derivados del trato y demora en la corrección; se solicitó daño moral y daño punitivo (multa civil prevista en art. 52 bis LDC).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar parcialmente al recurso de apelación de la actora y se modificó la sentencia de primera instancia para condenar a la demandada a abonar $50.000 por daño moral (estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia 03/07/2020) más intereses en la forma allí dispuesta; en lo demás el recurso fue desestimado; costas del recurso 50% para cada parte; reserva de honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"3.1 La queja de la parte actora que objeta el monto acordado para el rubro daño moral debe prosperar.
El daño moral, comprende toda lesión espiritual o agravio a las afecciones íntimas y en general toda clase de padecimientos comprendiendo también las molestias en la seguridad personal de la víctima o en el goce de sus bienes. Ha sido definido como la lesión a los sentimientos que determinan dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravios de las afecciones legítimas; y, en general, de toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria (Bustamante Alsina "Teoría General de la Responsabilidad Civil", p. 205, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1997). (CSJTuc., sentencias Nº 22 del 06/02/2009; Nº 347, del 22/05/2002; Nº 829 del 09/10/2000; Nº 56, del 25/02/1999; entre otras; CCCC, Sala 2, sentencia N° 297, 30/06/16, “Zelaya Juan Francisco y otra c/ Paz Luis Orlando y Otro s/ daños y perjuicios” - Expte. n° 3661/12).
Debe entenderse que dado tal perjuicio la cuantía de su reparación debe guardar adecuada proporción con la naturaleza del acto ilícito, daños materiales causados y presunta situación económica de los responsables. Desde el punto de la víctima la indemnización debe ser suficiente: compensatoria, para que cumpla con su función satisfactiva, por lo que son desechables las condenas al pago de sumas simbólicas. Atendiendo al responsable, el monto fijado debe ser posible, descartando excesos que no condicen con nuestra realidad económica, además de que generan un enriquecimiento sin causa (Zavala de González, Matilde, “Cuanto por daño moral”, La Ley 1998-E, 1057).
Atendiendo a la situación en que la demandada colocó al actor, el tiempo que le insumió y los trámites que tuvo que realizar para resolverla, la suma fijada en primera instancia para indemnizar el daño moral resulta un tanto baja, por lo que corresponde incrementarla y disponer que la demandada abone a la actora en concepto de daño moral, la suma de $ 50.000 (cincuenta mil pesos), estimados a la fecha de la sentencia de primera instancia (03/07/2020), con más los intereses calculados en la forma en que lo decide el referido pronunciamiento de la instancia anterior."
"3.2.- El agravio referido al rechazo del rubro daño punitivo no puede prosperar.
El daño derivado del acto ilícito -violación de la ley o incumplimiento obligacional-encuentra suficiente reparación en la correspondiente indemnización por daño moral. No basta con el mero incumplimiento, para que proceda la multa reglada en el art. 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor.
La aplicación de los daños punitivos es de carácter excepcional y se encuentra reservada para los supuestos en los que el proveedor incumple con sus obligaciones con dolo, culpa grave o malicia, o cuando su comportamiento importe un desprecio inadmisible para el consumidor. Como con todo acierto se ha señalado, "no cualquier acto ilícito puede generar la aplicación de daños punitivos"; ello significa que debe existir una grave, negligencia o dolo en el actuar del agente. Doctrina y jurisprudencia admiten que es menester algo más que la mera negligencia en la comisión de un ilícito para que se apliquen estas puniciones. La mera culpa proveniente del incumplimiento es insuficiente para sancionar al dañador, sino que es necesario un grosero obrar nocivo porque "la gravedad del reproche determina no sólo la procedencia de la pena, sino también la graduación de la cuantía". (Pizarro, Ramón Daniel, "Daños punitivos" en obra colectiva "Derecho de daños", 2da parte, pág. 289, pp. 297/299, La Rocca, 2000; (CCCC, Sala 2, sentencia N° 85, 28/09/17, “Arias Walter David C/ Standard Bank Argentina S.A. y Otro S/ Especiales (Residual) (Acción de Consumo)”).
En el caso no se advierte - ni la recurrente ha acreditado - que la demandada hubiere incurrido en un incumplimiento doloso u obrado con culpa grave; tampoco que su conducta resulte indignante, recalcitrante, desaprensiva o antisocial, siendo insuficiente la mera negligencia para justificar la aplicación de esta sanción.
El agravio se rechaza."
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Leyes que cita
- Ley 24.240Defensa del consumidor
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