AGROLABORES S.R.L. c/ AYALA FRANCISCO s/ ACCIONES POSESORIAS

¿Quién es el actor?

AGROLABORES S.R.L. (actora).

¿A quién se demanda?

Francisco Ayala (y otros: Juan Pablo Bitar entre ellos).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Acción posesoria de manutención para que se condene a abstenerse de turbar la tenencia sobre un inmueble de 188 ha (evitar la turbación de la posesión).

¿Qué se resolvió?

En la instancia de apelación sobre la sentencia regulatoria de honorarios de fecha 29/4/2019, la Cámara hizo lugar parcialmente al recurso del letrado Marcelo Fajre y elevó sus honorarios a $250.000 (a igual fecha) con costas por el orden causado; rechazó los recursos de apelación deducidos por la actora Agrolabores S.R.L., por el demandado Juan Pablo Bitar, por el martillero Alejandro José Viaña (con costas por el orden causado) y por el letrado Germán José Nadef (rechazado sin costas).

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En autos la accionante interpuso en su demanda una acción posesoria de manutención, con el objeto de que se condene al demandado a abstenerse de turbar la tenencia que ejerce sobre un inmueble de 188 ha. ubicado en la localidad de Gobernador Garmendia, Dpto. Burruyacu; y la sentencia de fondo, que quedara firme, hizo lugar a la acción policial de manutención, condenando a los demandados a abstenerse de turbar por vías de hecho la tenencia que ejerce el actor sobre el inmueble objeto de la litis, con expresa aclaración de que los efectos de la sentencia se circunscriben a mantener la situación de hecho, sin que importe pronunciamiento sobre la existencia y titularidad de derechos reales, de posesión, tenencia o explotación sobre el inmueble. Resulta entonces plenamente aplicable el criterio de que en tanto la acción no persigue incorporar bienes o evitar su salida del patrimonio en forma directa, la actuación carece de apreciación pecuniaria y debe regularse a tenor de las pautas subjetivas del art. 15 de la Ley 5480, sin descuidar la referencia indiciaria a la extensión del terreno en discusión (188 ha. agrícolas en el Dpto. Burruyacú) y las condiciones de la turbación."

"Por todo ello, teniendo presente la extensión, mérito y calidad del trabajo que realizó el apelante, y que el mismo luce como un ejercicio profesional de calidad y trascendencia, que en definitiva redundó en beneficio de la parte a la cual asistía jurídicamente, este Tribunal estima que los montos fijados en el auto recurrido resultan algo exiguos para retribuir la labor profesional cumplida por el letrado Fajre, por lo que de conformidad a la normativa legal aplicable y las particulares circunstancias de la causa puestas de relieve precedentemente, estima conveniente elevarlos a la suma de $250.000 a la fecha del auto que se modifica."

"Si bien la doctrina que surge del inc. 4 ° del art. 39 de la ley arancelaria establece que la imposición de costas respecto de los honorarios del perito tasador se determinan según las posiciones sustentadas por las partes, en la especie se advierte que el Juzgado imprimió a la causa el trámite del art. 39 incs. 3 y 4 de la ley arancelaria frente a las posiciones disímiles propuestas por el letrado Fajre y la letrada María Gabriela Saade por sus propios derechos (ver presentaciones de fs.1175 y 1181/1182). A ello cabe añadir que la pericia no fue tomada por el a quo a los fines de la regulación, por lo cual la impugnación a la tasación no fue analizada ni se emitió pronunciamiento sobre el valor del dictamen del tasador, por lo que resulta acertada la conclusión del a quo de que ninguna de las partes se benefició con tal dictamen pericial."

"La cuantía fijada por el a quo para retribuir la labor efectivamente cumplida por el martillero Viaña resulta adecuada y equitativa... la regulación de honorarios de todos los profesionales se efectuó sin base regulatoria, y en consecuencia la valoración de la tasación y de las impugnaciones a ella efectuadas, se tornaron abstractas."

¿Cómo votaron los jueces?

La sentencia fue dictada por coincidencia de votos entre el primer y segundo votante; el bloque dispositivo final (según art. 23 bis LOT) dispone la solución mayoritaria reproducida en la parte resolutiva.