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Tribunal Superior

ALFARO MIRNA ALEJANDRA c/ SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD -SI.PRO.SA. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS

La actora promovió demanda por daños y perjuicios contra el Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.) por supuestas negligencias y falta de información tras una cesárea y una posterior cirugía que derivó en la extirpación del útero. La Corte declaró inadmisible el recurso de casación por limitarse la queja a un nuevo examen de la prueba y no acreditar arbitrariedad o absurdo en la valoración probatoria hecha por la Cámara.

Fecha de la sentencia
Tribunal
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo (TUCUMAN)
Fuero
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - Sala Laboral y Contencioso Administrativo
Jurisdicción
Local · Tucuman
Expediente
317/18
Casacion Inadmisibilidad Danos y perjuicios Responsabilidad estatal Si.pro.sa. Consentimiento informado Valoracion de la prueba Pericia medica Trato digno Costas

¿Quién es el actor?

Mirna Alejandra Alfaro (parte actora).

¿A quién se demanda?

Sistema Provincial de Salud - SI.PRO.SA. (Instituto de Maternidad y Ginecología Nuestra Señora de las Mercedes).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Demanda por daños y perjuicios por trato indigno, negligencia médica y violación del deber de información con motivo de una cesárea, una “ampliación corporal” durante el parto y una segunda cirugía que culminó con la ablación del útero.

¿Qué se resolvió?

Se declaró inadmisible el recurso de casación interpuesto por la actora contra la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 21/7/2020 que había rechazado la demanda. Se impusieron las costas a la recurrente; se reservó pronunciamiento sobre regulación de honorarios.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Transcripción de párrafos relevantes (textual, lenguaje del tribunal):

1) "Por sentencia del 21/7/2020, la Sala III de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo rechazó la demanda incoada, apoyada principalmente en el dictamen médico producido por los doctores Suárez y Cunio, integrantes del Cuerpo Médico Forense, al que consideró prueba capital para la resolución del caso, dado que no fue impugnado por ninguna de las partes y se elaboró luego de realizar un examen físico a la actora, sobre la base de los datos de la historia clínica y hojas de enfermería.

El Inferior destacó que los peritos médicos valoraron que la decisión de practicar la cesárea a la actora “fue la indicada”; que a su criterio, fue “adecuada” la realización de la ampliación corporal; que en esta primera intervención, “se obró correctamente con respecto a la sutura quirúrgica y a la profilaxis antibiótica intraoperatoria”; que el tratamiento posoperatorio “fue adecuado” y que “el tiempo para alta y las indicaciones son las que se aplican habitualmente”. Asimismo, con respecto al cuadro infeccioso que motivara la segunda internación de la actora y culminara con la ablación practicada, se resaltó la opinión de los expertos en cuanto a que la exploración quirúrgica abdominal y toilette resultaban necesarias; que constaba en la historia clínica la existencia del consentimiento informado referido a esta segunda cirugía, suscripto por la paciente; que de acuerdo a los resultados del cultivo realizado, el germen causante del cuadro infeccioso no correspondía a uno intrahospitalario; que en el caso de la actora, no existía otra posibilidad que la extirpación del útero, pues en sepsis como la padecida, aproximadamente el 36% de las afectadas fallecía; y que tanto esta segunda intervención quirúrgica como el tratamiento posoperatorio brindado en consecuencia fueron correctos."

2) "En ese escenario, el planteo casatorio se presenta técnicamente insuficiente en la formulación de los agravios, en tanto procura exclusivamente un reexamen crítico de los medios de prueba que sustentan el pronunciamiento recurrido, pero sin aportar elementos idóneos que justifiquen o acrediten fundadamente su arbitrariedad o absurdidad. Siendo así, no puede soslayarse que la valoración del plexo probatorio sólo puede ser revisada cuando se invoca una desproporción grave, manifiesta y grosera (confr. CSJTuc., sentencia N° 1201 del 27/07/2019, “García, Jorge L. c. Villagra, Víctor D. y otro s/ Daños y perjuicios”) y que no es agraviarse debidamente pretender un nuevo juicio sobre cuestiones de hecho que ya fueron objeto de examen por el Inferior (confr. CSJTuc., sentencia N° 228 del 07/3/2019, “Banco Patagonia S.A. vs. Romano Ángel Moisés s/ Ejecución hipotecaria”)."

¿Cómo votaron los jueces?

Unanimidad de la Sala (Dr. Antonio D. Estofán, Dra. Eleonora Rodríguez Campos y Dra. Claudia B. Sbdar) adhiriendo a los fundamentos del voto preopinante.

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