PROVINCIA DE TUCUMAN -DGR c/ LIDERAR COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. s/ EJECUCION FISCAL

¿Quién es el actor?

PROVINCIA DE TUCUMÁN - DGR.

¿A quién se demanda?

LIDERAR COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. (actuación en ejecución fiscal por honorarios; proveedor del crédito: letrado Francisco José Michel).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

ejecución de sentencias que regularon honorarios profesionales ($295.362 y $88.608) y, en la ejecución, planteo de inconstitucionalidad de la Ley provincial Nº 8.851 y su decreto reglamentario por declarar inembargables fondos públicos y establecer un orden rígido de antigüedad.

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de apelación de la Provincia, confirmando la sentencia de primera instancia que hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad del último párrafo del art. 4 de la Ley Nº 8.851 (y correlativamente del art. 2 del Decreto reglamentario) en cuanto impone un orden temporal rígido que no contempla excepciones para créditos de naturaleza alimentaria. Se impusieron costas a la apelante.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Es que si el crédito por honorarios profesionales de la letrada (...) por el monto indicado es de naturaleza alimentaria, va de suyo que la fecha de su cobro no puede quedar sujeta a una pauta que sólo se atiene estrictamente a la antigüedad de la planilla firme, sin tomar en consideración una situación especial como la naturaleza alimentaria de su acreencia. De allí, que la ausencia de un tratamiento diferenciado al que la Ley y su Decreto reglamentario someten a las deudas del estado, sin aprehender una circunstancia atendible como la de marras, conduce indefectiblemente al resultado disvalioso de que, en la práctica, se vean satisfechas primeramente obligaciones que no participan de las condiciones necesarias para merecer un despacho preferente, en desmedro de otras -como la que nos ocupa-, que sí ostentan tales características (...)."

"Siendo ello así, entonces, surge manifiesta la irrazonabilidad de la última parte del artículo 4 de la Ley Nº 8.851 (y consecuentemente del artículo 2 de su Decreto reglamentario) en cuanto estatuye un sistema rígido que no contempla en su letra ninguna situación especial o de excepción, en la medida que se circunscribe a fijar como criterio dirimente para establecer la prioridad temporal de pago de las acreencias contra el estado, el estricto orden de antigüedad, conforme la fecha de notificación judicial de la planilla firme y definitiva (art. 4, último párrafo, Ley Nº 8.851) (...)."

"En mérito a lo expuesto, las particularidades del caso y el carácter alimentario del crédito, compartimos el criterio expuesto por la aquo, y en igual sentido el referido de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán. Por tanto, corresponde rechazar el recurso de apelación, confirmando el fallo atacado de fecha 01/11/2018 (fs. 246/248)."

(No consta voto en disidencia; el acuerdo confirma la decisión de grado.)