COOPERATIVA FARMACEUTICA DE PROVISION Y CONSUMO ALBERDI LTDA. c/ PROVINCIA DE TUCUMAN -D.G.R.- s/ INCONSTITUCIONALIDAD
La Cooperativa reclamó la inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales de la DGR Nº 86/00 y Nº 07/11 por su inclusión en regímenes de percepción y retención del impuesto sobre los ingresos brutos. La Corte hizo lugar al recurso de casación de la Provincia, dejó sin efecto la sentencia de Cámara y remitió las actuaciones para que se dicte un nuevo pronunciamiento, por omitir la consideración de la reforma introducida por la Ley Nº 9.155 y por deficiencias en la motivación.
¿Quién es el actor?
Cooperativa Farmacéutica de Provisión y Consumo Alberdi Ltda.
¿A quién se demanda?
Provincia de Tucumán - Dirección General de Rentas (D.G.R.)
¿Cuál es el objeto del reclamo?
Declaración de inconstitucionalidad de las Resoluciones Generales de la DGR Nº 86/00 (régimen de percepción) y Nº 07/11 (régimen de retención), y exclusión de la actora de los regímenes de percepción y retención (y de la RG 23/02 en cuanto la incluía).
¿Qué se resolvió?
Se hizo lugar al recurso de casación interpuesto por la Provincia; se dejó sin efecto la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo del 27/12/2019 y se remitieron las actuaciones a la Cámara para que, con la integración que corresponda, dicte un nuevo pronunciamiento. Se impusieron las costas del recurso por el orden causado y se reservó pronunciamiento sobre honorarios.
¿Cuáles son los fundamentos principales?
"Como señalara, el pronunciamiento recurrido juzgó que la RG 86/00 incurre en un exceso reglamentario, con afectación al principio de legalidad tributaria, al distorsionar los elementos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Dicha alteración viene dada, en el razonamiento del Tribunal a quo, a raíz de que la base imponible a considerar y el pago que debe efectuar el agente de percepción de acuerdo al régimen instituido por la RG 86/00, difieren de lo estatuido en la Ley Nº 5.121. Conforme esta última, la base imponible del tributo son los ingresos brutos devengados durante el período fiscal por el ejercicio de la actividad gravada (art. 221) y el pago se efectuará por el sistema de anticipos sobre ingresos, calculados sobre base cierta (art. 229). Por su parte, según el art. 5 de la RG 86/00, la percepción del impuesto tiene lugar a partir de presuponer que de la compra que el contribuyente del tributo concreta con el agente de percepción, generará en algún momento un ingreso bruto.
En ese marco, asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia de Cámara omitió evaluar la posible incidencia que sobre la cuestión a resolver, pudiera derivar de la sanción de la Ley Nº 9.155 (B.O. 21/01/2019), que a través del inc. 24) de su artículo 1º, decidió incorporar como art. 231 (bis) de la Ley Nº 5.121, lo siguiente: 'Artículo 231 (bis): Sin perjuicio de los anticipos a los cuales se refiere el Artículo 229, la Dirección General de Rentas podrá establecer otros regímenes de pagos a cuenta del impuesto mediante retenciones, percepciones o recaudaciones que deberán efectuar los sujetos a los que alude el Artículo 32, en los siguientes casos: [...] 2. Los agentes de percepción en oportunidad de emitir la factura o documento equivalente por las ventas, locaciones o prestaciones de servicios que efectúen a contribuyentes del gravamen. [...] En los casos de los incisos 1. y 2., la base de cálculo para practicar la retención o percepción será el importe bruto de la operación con las deducciones, reducciones y descuentos que para cada supuesto fije la reglamentación.'"
"En ese marco, en la base del razonamiento del decisorio recurrido, subyace solamente la comparación efectuada entre un número reducido de empresas que no desarrollan exactamente las mismas actividades, sin que exista un parámetro concreto, puntual y objetivo que evidencie la desventajosa situación en que fue colocada la actora en relación a sus competidores, con el consiguiente quebrantamiento de la garantía constitucional de igualdad ante la ley que se predica, a partir de la designación de aquélla como agente de retención y percepción del tributo sobre los Ingresos Brutos. De este modo, la conclusión del Tribunal a quo se revela, más que fruto del análisis del análisis de las pruebas rendidas en autos conforme las reglas de la sana crítica, producto de la voluntad de los propios Juzgadores, defecto que la descalifica como acto jurisdiccional válido, al transgredir el deber de motivación que imponen el art. 30 de la Constitución Provincial y los arts. 40, 264 y 265, inc. 4) del CPCyC."
¿Cómo votaron los jueces?
No hubo votos en disidencia; los tres vocales votaron en igual sentido adhiriendo a los fundamentos del Dr. Estofán.
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