MORALES SEGUNDO AGUSTIN- DCIA. APREMIOS ILEGALES. -RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD-

¿Quién es el actor?

Dr. Ernesto Gabriel Lutens, Fiscal de Cámara Nº 2, en recurso de inconstitucionalidad local.

¿A quién se demanda?

Se impugna el auto interlocutorio dictado por la Excma. Cámara del Crimen Nº 2 que había decidido la extinción de la acción penal respecto de Medero Ariel Alejandro y Velazco Darío Alberto; los imputados sobre quienes recae la resolución.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Se alega arbitrariedad de la sentencia que declaró extinguida la acción penal (cuestionando la aplicación de la prescripción y la insubsistencia) en una causa por apremios ilegales denunciada el 11/07/1998.

¿Qué se resolvió?

Se rechaza el recurso de inconstitucionalidad por causal no reglada de arbitrariedad y, por aplicación de los arts. 59 inc. 3 y 62 inc. 2 del Código Penal, se declara extinguida la acción penal por prescripción respecto del delito del art. 144 bis inc. 2 CP y se dispone el sobreseimiento de Medero Ariel Alejandro y Velazco Darío Alberto. Sin costas por haberse interpuesto el recurso por el Ministerio Público.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Extractos transcritos textualmente del fallo (párrafos más relevantes):

“Que la prescripción de la acción penal -art. 59 inc. 3) y 62 inc. 2) del Código Penal- es de orden público y se produce de pleno derecho por el solo transcurso del plazo pertinente debiendo declararse, aun de oficio en cualquier instancia del proceso y por cualquier tribunal, con antelación del pronunciamiento sobre la cuestión de fondo.

Por ello, corresponde rechazar el recurso de inconstitucionalidad local por la causal no reglada de arbitrariedad de sentencia y declarar la extinción de la acción penal por prescripción.”

“Que a la fecha del planteo de la prescripción, ha transcurrido el tiempo de prescripción previsto para el tipo de delito imputado, a tenor de lo establecido en el inc. 2°) del art. 62 del Código Penal, que dispone: ‘La acción penal se prescribirá durante el tiempo fijado a continuación: (…) 2) después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito, si se tratare de hechos reprimidos con reclusión o prisión, no pudiendo, en ningún caso, el término de la prescripción exceder de 12 años ni bajar de 2 años’.”

Citas textuales relevantes incluidas en el razonamiento:

“La doctrina de la arbitrariedad exige, como fundamento de su instituto, que la resolución que se impugna padezca de alguna de las causales de arbitrariedad, con la virtualidad suficiente para afectar el decisorio en una medida tal que impida que se lo considere como acto judicial válido.”

“Será reprimido con prisión o reclusión de uno a cinco años e inhabilitación especial por doble tiempo: …2. El funcionario que desempeñando un acto de servicio cometiera cualquier vejación contra las personas o les aplicare apremios ilegales.”

¿Cómo votaron los jueces?

Los Dres. Jorge Alberto Levingston, Cecilia Chada y Jorge Omar Fernández votaron en igual sentido (mayoría unánime en el Acuerdo). La Dra. Andrea Carolina Monte Riso se encontraba excusada. No hay votos en disidencia.