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Tribunal Superior

GARDON EDUARDO SEGUNDO C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS Y/O OTRO S/ COBRO DE PESOS - LABORAL - S/ RECURSO DE QUEJA.-

El actor interpuso recurso de queja contra el rechazo de un recurso de inconstitucionalidad en causa laboral por cobro de pesos y liquidación de astreintes. El Superior Tribunal rechazó la queja por entender que la resolución de Cámara estuvo debidamente fundada y la crítica del quejoso no supera la mera disconformidad con el criterio adoptado.

Fecha de la sentencia
Tribunal
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (SAN LUIS)
Fuero
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA (SAN LUIS)
Jurisdicción
Local · San Luis
Expediente
EXP 381093/22
Queja Astreintes Liquidacion Recurso de inconstitucionalidad Laboral Cobro de pesos Arbitrariedad Fundamentacion Rechazo Provincia de san luis

¿Quién es el actor?

Gardon Eduardo Segundo (actor).

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de San Luis y/o otro (demandada).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revisión de la resolución de la Cámara que rechazó el recurso de inconstitucionalidad relacionado con liquidación y cobro de astreintes en un proceso laboral (cobro de pesos - laboral).

¿Qué se resolvió?

Se rechazó el recurso de queja interpuesto por la actora.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Así las cosas se observa que la crítica que realiza el quejoso en su escrito de fundamentación solo demuestra una mera disconformidad con lo resuelto, y ello no resulta suficiente para descalificar la sentencia que ataca. No hace referencia a ninguna constancia que no se haya tenido en cuenta por los sentenciantes y que avale su pretensión."

"En efecto la resolución impugnada surge debidamente fundada al sostener: '…Al respecto tanto la doctrina como la jurisprudencia ha entendido que: “Las astreintes son un medio de compulsión del deudor, un procedimiento de coerción que ejerce sobre los bienes del condenado; se persigue presionar la voluntad del deudor, constreñido a ejecutar la condena. No se relacionan con el perjuicio sufrido por el acreedor a causa de la inejecución del deudor, porque no se busca la reparación del interés afectado [conf. Llambías, J., "Tratado de Derecho Civil. Obligaciones". T. I, p. 100, Nºs. 83 y 84]. De ahí que se caractericen por ser de naturaleza provisional y por no pasar en autoridad de cosa juzgada. De manera que si la conminación resulta eficaz y el deudor acata lo mandado, el juez puede reducir la multa correspondiente y aun dejarla sin efecto (conf, ob. y autor cit., p. 103, Nº 86, a). A fs. 205, si la parte actora reconoció que la demandada cumplió con las obligaciones a su cargo, la sanción de "astreintes" impuesta cumplió con su finalidad. Admitir su pretensión de que se incremente la multa por la incidencia de la depreciación monetaria importaría darle a aquélla una función que dista de lo expuesto precedentemente…'"

"Atento a lo expresado precedentemente, corresponde el rechazo de la queja intentada, debiendo destacar asimismo que el recurso de inconstitucionalidad no constituye una tercera instancia y que por tratarse de un recurso autónomo, por su fin y naturaleza, es un remedio excepcional, cuya concesión debe hacerse restrictivamente, pues de otra manera, se convertiría en una nueva instancia ordinaria para todos los pleitos en desmedro de la jurisdicción excepcional, fijada en el art. 213 de la Constitución Provincial."

Hechos relevantes y datos temporales citados en la sentencia: la liquidación de astreintes se practicó en fecha 24/11/2015; la parte actora alega que la liquidación se realizó en 2014 con valores de 2011 y que el pago efectivo de la liquidación se produjo en noviembre de 2019; el recurrente sostiene que el pleito se prolonga "luego de 26 años".

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