CORREA JOSE GABRIEL Y OTROS C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS - S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.-

¿Quién es el actor?

José Gabriel Correa, Fernando Manuel Ochoa y Víctor Alejandro Barroso, en su carácter de agentes del Servicio Penitenciario Provincial.

¿A quién se demanda?

Gobierno de la Provincia de San Luis (con notificación al Gobernador y al Fiscal de Estado).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Revocatoria de los Decretos Nros. 7101-MS-2022, 6595-MS-2022 y 6593-MS-2022 (rechazo de recursos jerárquicos) ; nulidad de los Decretos Nros. 4455-MS-2021; 5878-MS-2021; y 4289-MS-2021 por haberse otorgado retiros voluntarios estando pendientes recursos jerárquicos; y como medida principal, el inmediato reintegro a la función activa con grado y cargo. Se solicitó además medida cautelar de no innovar para retrotraer el estado previo a los decretos y mantener a los actores en servicio activo.

¿Qué se resolvió?

I) Declaró la competencia del Superior Tribunal; II) Declaró procedente, por sus formas extrínsecas, la demanda contencioso administrativa; III) Rechazó la medida cautelar solicitada; IV) Ordenó correr traslado de la demanda por 30 días al Poder Ejecutivo provincial con notificación al Gobernador y al Fiscal de Estado.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"En efecto, de la lectura de la presentación traída a estudio se advierte que la naturaleza de la medida cautelar se vería desvirtuada si se acogiera la pretensión de los actores de que se retrotraigan las situaciones de revista y funcional al estado que existía antes del dictado de los decretos impugnados disponiéndose la permanencia en el servicio activo de la Penitenciaria, ya que esto es lo que precisamente persiguen como objeto de su demanda (ver punto III objeto apartado e)."

"Por lo demás, es propicio recordar que siempre que se pretenda la tutela proveniente de una medida precautoria, el particular debe acreditar la existencia de verosimilitud en el derecho invocado y el peligro irreparable en la demora, más aún en los casos en que la cautelar se solicita en el ámbito del proceso contencioso administrativo, pues el requisito de la verosimilitud del derecho se confronta con el principio de legitimidad del acto administrativo, en cuya virtud el acto se presume dictado conforme a derecho."

"En el caso, la argumentación expuesta para abonar la verosimilitud del derecho mediante alegaciones tales como: 'la verdad incontrovertible de los derechos adquiridos (por los actores) en el marco de las funciones penitenciarias que cumplieron' es claramente insuficiente."

"El peligro en la demora tampoco resulta acreditado pues no se advierte el menoscabo cierto que, en grado de irreparabilidad del perjuicio, resultaría para los actores el mantenimiento del actual estado, en tanto que eventualmente podrían obtener sentencia favorable y activar los mecanismos que resguarden sus derechos."

Asimismo, se consignó la regla de prudencia reservada para cautelares contra actos administrativos: "la procedencia de las medidas cautelares, respecto de actos del Estado Nacional, Provincial o Municipal, debe meritarse con criterio restrictivo, habida cuenta de la presunción de validez que los mismos ostentan".

¿Cómo votaron los jueces?

La Resolución final está firmada por los Ministros Jueces Levingston, Monte Riso, Chada y L’Huillier; el Dr. Allende se encontraba excusado. No consta disidencia en el dispositivo final.