Salvador Lovardo c/ Municipalidad de Vicente Lopez

¿Quién es el actor?

Salvador Lovardo.

¿A quién se demanda?

Municipalidad de Vicente López (Provincia de Buenos Aires).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

dejar sin efecto el decreto 4510/77 y su antecedente, el art. 49 de la Ordenanza 4167/76, que privaron al actor del derecho a edificar en el predio de la calle Andrés Ferreira 3282, La Lucila, sobre la base de un permiso otorgado bajo el ordenamiento anterior.

¿Qué se resolvió?

la Corte Suprema desestimó la queja y confirmó el rechazo del recurso extraordinario, por lo que quedó firme la sentencia de la Suprema Corte bonaerense que rechazó la demanda contencioso-administrativa. Se declaró perdido el depósito de fs. 1.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Remisión al dictamen del Procurador General, que sostuvo: "A mi modo de ver la apelación federal deducida en el sub examine no puede prosperar, toda vez que el fondo de la cuestión está basado en cuestiones de hecho y prueba y regido por normas de derecho público local, que la tornan insusceptible de ser revisada en esta instancia excepcional."

Sobre el agravio constitucional, la Corte sostuvo: "ninguna duda cabe que han de reconocerse a aquella autoridad facultades para arbitrar las medidas conducentes a un uso de la propiedad con miras al bien común, sin que competa a la justicia revisar el acierto o error, la conveniencia o inconveniencia de las medidas adoptadas, en tanto ellas no resulten arbitrarias o carentes de razonabilidad y aparezcan, como en el caso, inspiradas en un sano principio de defensa y prevención sanitaria y urbanística".

Sobre la indemnización: "No es óbice para ello la circunstancia de que esa actividad lícita e irrenunciable de la autoridad administrativa pueda ser la causa eficiente de daños a particulares -cuyo derecho se sacrifica por el interés general-, toda vez que éstos -como lo dejó a salvo el a quo- deberán ser atendidos en el campo de la responsabilidad del Estado por aquel obrar lícito".

Sobre el derecho adquirido: "nadie puede tener un derecho adquirido que comprometa la salud pública o el bienestar común", por lo que se desechó la inconstitucionalidad alegada.

El Procurador también descartó la arbitrariedad y la violación de la igualdad, señalando que la desigualdad no surgía de la norma sino de su aplicación en otros casos, cuya revisión no está al alcance de la Corte.