TOLEDO, Carlos César s/ Homicidio

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal (acusación pública).

¿A quién se demanda?

Carlos César Toledo, condenado como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (art. 79 C.P.) cometido en perjuicio de Franco Agustín García el 12 de octubre de 2023 en Río Grande.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Recurso de casación interpuesto por la defensa técnica (Dra. Adriana Varisco) contra la sentencia del Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Norte del 31 de octubre de 2024, que impuso diecinueve (19) años de prisión, accesorias legales y costas.

¿Qué se resolvió?

El STJ aceptó la excusación de la Jueza Edith Miriam Cristiano y rechazó el recurso de casación, con costas al condenado (art. 492, primer párrafo, C.P.P.). La mayoría estuvo integrada por los Jueces Battaini, Löffler y Fernández, quienes votaron por la negativa en la segunda cuestión; el Juez Sagastume votó por hacer lugar parcialmente y remitir para nueva mensuración de pena, pero quedó en minoría.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

> "Por el contrario, estimo que la valoración de las circunstancias agravantes del hecho se ajusta a las directrices establecidas en los artículos 40 y 41 del Código Penal, por lo que la sanción impuesta constituye una derivación razonada del derecho vigente aplicable a las particularidades del caso."

> "En el caso bajo examen, se advierte una actitud de absoluto desprecio por la integridad física de la víctima y la norma penal, la cual se materializó no solo en la concurrencia al lugar del hecho munido de un arma blanca, sino también en la ostentación que de ella realizaba ante los presentes."

> "Dicha peligrosidad se ve corroborada por su conducta inmediatamente posterior a la agresión, al manifestar textualmente que 'lo había apuñalado y que le chupaba tres huevos', expresión que exterioriza una absoluta indiferencia frente al daño causado y una nula capacidad de arrepentimiento o reflexión sobre la gravedad del ilícito cometido."

El Juez Löffler adhirió, señalando que el tribunal aplicó el principio de mínima suficiencia, valoró como atenuantes la edad, la falta de antecedentes y la condición educativa, y como agravantes la naturaleza brutal e intencional del hecho y la extensión del daño, concluyendo que la pena se encuentra dentro del marco legal (8 a 25 años) y no es arbitraria.

El voto en disidencia (Sagastume) sostuvo que el agravio sobre el estado de intoxicación era insuficiente, pero que el quantum de diecinueve años resultaba desproporcionado por reiterar elementos del tipo, no ponderar adecuadamente la edad de diez días desde la mayoría de edad del imputado y no considerar el tratamiento penitenciario diferenciado de los jóvenes adultos.