S., D. L. s/ Lesiones leves agravadas – Incidente s/ Reparación integral s/ Recurso de casación

Actor/Recurrente: D. L. S., imputado, a través de su defensa particular (Dr. Gabriel Alejandro Ortega).

Demandado/Parte contraria: la denunciante, E. L. A., en representación de su hijo menor damnificado.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

revocación de la resolución del Juzgado Correccional del Distrito Judicial Sur que no hizo lugar a la reparación integral del perjuicio (art. 59 inc. 6° Código Penal), y consecuente sobreseimiento del imputado.

Resolución del tribunal: se rechaza el recurso de casación, con costas (art. 492, primera parte, CPP), y se tiene presente la reserva del caso federal.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La voluntad de la víctima es un elemento de ponderación que debe ser considerada de manera tal que, si presenta disconformidad ante una posible composición, se encuentra ocluida dicha vía."

"...una atenta y activa escucha a la víctima en casos en los que se intente arribar a una composición del conflicto exige por parte de los operadores jurídicos la debida constatación que la damnificada conoce y entiende el alcance del instituto en cuestión, como así también, de las consecuencias de su decisión."

"...del acta de atención (fs. 169) se advierte que la representante del niño damnificado -acompañada de su abogada- expresó ante el ofrecimiento del imputado una serie de requerimientos adicionales a fin de prestar el consentimiento con la aplicación de la causal extintiva de la acción penal."

"...una vez expuesta su manifiesta oposición no resta posibilidad alguna para la procedencia de la reparación integral del perjuicio como instancia alternativa al proceso."

Se destaca además que la Asesoría Pupilar señaló que "el intento de resolución de la presente por la vía de la reparación integral, lejos de contribuir a la pacificación del conflicto (tal su finalidad) ha resultado en una fuente de disputa".

¿Cómo votaron los jueces?

propuso hacer lugar al recurso, sosteniendo que los reclamos alimentarios planteados por la denunciante exceden el marco del proceso penal y deben tramitarse en el fuero de familia, y que retractarse de la conformidad ya prestada afectaría la seguridad jurídica, la buena fe procesal y la preclusión de actos consentidos.