Compañia Azucarera Tucumana S. A. c/ Nacion Argentina

¿Quién es el actor?

Compañía Azucarera Tucumana S. A., Ingenio y Destilería La Trinidad S. A. y Ingenio y Destilería La Florida S. A.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Indemnización por expropiación inversa de los bienes de los ingenios y destilerías, explotados desde 1970 por la Compañía Nacional Azucarera S. A. (CONASA), sociedad controlada por el Estado.

¿Qué se resolvió?

Se revocó el rechazo de la demanda y se condenó al Estado Nacional a pagar la indemnización resultante del cálculo del considerando 22, en noventa días desde que quedó firme la liquidación. Las costas se impusieron por su orden y las comunes por mitades, y los honorarios se diferieron.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Los actos de turbación al derecho de dominio que son considerados en los juicios expropiatorios, no comprenden solamente los casos de pérdida de la posesión strictu sensu, sino que abarcan también aquellos supuestos en los que -sin darse esta última- existen, sin embargo, restricciones, limitaciones o menoscabos esenciales al derecho de propiedad del titular."

"Sería ceguera atenerse a un enfoque simplista que -en el plano de un idealismo jurídico desencarnado- se contentara con constatar que dicho traspaso de la explotación habría sido hecho en nombre de las sociedades y por medio de su interventor."

"Los actos de turbación del dominio -comenzados bajo la vigencia de una ley expropiatoria- no pierden su original aptitud para fundar la expropiación irregular, por el hecho de que se derogue aquella norma al solo efecto de cubrir a la restricción con una nueva apariencia de legalidad."

"[La ley 18.833] respondió al propósito de hacer cesar la calificación de utilidad pública que surgía de la ley 18.686 al solo efecto de evadir la obligación de indemnizar al expropiado."

Se rechazó el "valor empresa en marcha" y el "valor llave", y el monto fue reducido en un 40 % por las particularidades del caso.

¿Cómo votaron los jueces?

Sostuvieron que la expropiación exige la declaración legislativa de utilidad pública vigente y la transferencia del dominio, que la situación fue una desposesión por quiebra y no una expropiación, y que el reclamo implicaba una indemnización de daños no admisible por esta vía. Estos fundamentos no integran la decisión del tribunal.