Nacion Argentina (ministerio de Economia-secretaria de Intereses Maritimos) c/ Arenera el Libertador S. R. L. y Otros

¿Quién es el actor?

Estado Nacional (Ministerio de Economía, Secretaría de Intereses Marítimos).

¿A quién se demanda?

Arenera "El Libertador S.R.L." y el buque "Fortuna".

¿Cuál es el objeto del reclamo?

cobro del derecho de peaje del Canal Argentino de Vinculación "Ingeniero Emilio Mitre" (Ley 22.424 y Resolución SIM 55/83), por la navegación de abril de 1982.

¿Qué se resolvió?

la Corte, por mayoría, declaró procedente el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada, que había hecho lugar parcialmente a la demanda y condenado al pago en australes equivalentes a US$ 870,10, con más 20% anual de multa. Costas por su orden.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La ley 22.424 no resulta contraria a la libertad de circulación reconocida en la Ley Fundamental, que impide -tanto a la Nación como a las Provincias- interferir en la libre circulación de bienes dentro del territorio nacional y les veda, por ello, restablecer las aduanas interiores…" El peaje "no se encuentra alcanzado por la mencionada prohibición constitucional pues su finalidad no consiste en gravar la circulación interjurisdiccional de bienes sino que está dirigido a sufragar el dragado, balizamiento, ensanche, profundización…"

"No es necesario que la ruta alternativa gratuita ofrezca las mismas ventajas que la onerosa, sino tan solo que esta última no sea la única vía posible."

"Si se parte del principio según el cual la primera fuente interpretativa de la ley es su letra… nada permite inferir, del texto de la resolución 639/83 y de su exposición de motivos, que la exención allí prevista alcanzaba a la navegación ocurrida durante abril de 1982."

"No existe un derecho adquirido al uso no oneroso del canal Mitre pues… la expectativa de la demandada en el mantenimiento de tal situación, al no fundarse en concretas disposiciones legales o contractuales, tenía un carácter meramente unilateral…"

Sobre la delegación: "las cambiantes circunstancias que determinan el monto de aquél impiden que su fijación quede sometida a las dilaciones propias del trámite parlamentario y autoriza, por ello, a dejar dicha facultad en manos del Poder Ejecutivo."

Sobre la confiscatoriedad: "si se parte de la existencia de vías alternativas… cabe inferir que el uso del canal Mitre por la demandada generaba a ésta beneficios superiores al gravamen originado por dicho empleo."