Gonzaw Giner

¿Quién es el actor?

Manliba S.A.

¿A quién se demanda?

Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

constitución de tribunal arbitral (art. 742 del CPCCN) para dirimir diferencias sobre la aplicación del "desagio" (sistema de descuento implementado por decretos 1096/86, 2050/85, 1725/85, 1568/85 y 425/86) a las facturas por servicios de recolección de residuos y limpieza de calles en la Ciudad de Buenos Aires, la determinación del monto ajustado de la deuda con intereses, y la mecánica de aplicación a pagos futuros.

¿Qué se resolvió?

se declaró la competencia de la Justicia Nacional en lo Civil de la Capital Federal para continuar entendiendo en las actuaciones, que serán remitidas a ese fuero.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Dictamen del Procurador Fiscal: "[...] a fin de la determinación de la competencia corresponde atender de modo principal a la exposición de los hechos que el actor hace en su acción, y después, y sólo en la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como fundamento de su pretensión".

Sobre la naturaleza del vínculo: "[...] las cláusulas especiales comprendidas en el referido convenio exceden con exorbitancia el ámbito del derecho privado y testimonian, por el contrario, un reconocimiento a la sociedad del Estado demandada de facultades más bien propias de las convenciones de derecho público local que de las de derecho privado".

Sobre la cláusula de sometimiento al derecho privado: "[...] la determinación de la naturaleza jurídica -pública o privada del convenio- y consecuentemente, la dilucidación de los tribunales con competencia para entender por razón de la materia en las controversias de él derivadas, por ser de orden público no es tema que pueda quedar sujeto a la voluntad contractual de las partes".

Sobre la jurisdicción federal: se descartó la competencia federal ratione personae (la Provincia de Buenos Aires no es parte y el Estado Nacional no es socio de CEAMSE) y la competencia federal por materia, por apartarla los incs. 1° in fine y 5° in fine del art. 111 de la ley 1893 de causas relacionadas con la administración local.

Se aplicó por analogía la jurisprudencia de la Corte que, con base en el art. 80 inc. 3° de la ley 1893, habilita a los jueces civiles para intervenir en cuestiones contencioso administrativas locales que exceden el ámbito de la Cámara por vía de recurso.

La Corte señaló que el pedido de tribunal arbitral debe deducirse ante el juez competente para la causa principal (art. 742 CPCCN).