Carmen Pepe y Otho

Actor/Demandado: No surgen del texto en forma completa. En el primer sumario, "Carmen Pepe y otro" (usurpación). En el segundo, "Celestino F. Cricuolo y otros c/ Nación Argentina" (demanda contra el Estado Nacional por inconstitucionalidad de decretos 2474/85 y 123/86 sobre cómputo de haberes jubilatorios). En el tercero, "Compañía Financiera Tesei S.A. y otro c/ Sergio Ismael Hiquelme" (juicio de una entidad financiera con intervención del Banco Central como liquidador). En el cuarto, un juicio de cobro de facturaciones médico-asistenciales contra el Instituto de Servicios Sociales para el Personal de la Industria de la Carne y Afines.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

usurpación; inconstitucionalidad de decretos previsionales; cobro de facturaciones médicas; y cuestiones de competencia.

¿Qué se resolvió?

según los sumarios, (i) la usurpación por locación sin conformidad del condómino encuadra en el art. 181 inc. 1° del Código Penal y se consuma en el lugar del inmueble; (ii) es competente la justicia contencioso administrativa federal para la demanda contra el Estado Nacional por los decretos previsionales; (iii) es competente la justicia provincial para continuar un juicio de entidad financiera cuando el Banco Central intervino como liquidador sin plantear cuestión de jurisdicción, y la mera intervención del Banco Central no basta para atribuir competencia federal; (iv) es competente la justicia federal respecto del Instituto de Servicios Sociales creado por ley 18.257, por tratarse de un ente de política social, preservando el conocimiento de las causas que deriven de su funcionamiento.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"La jurisdicción federal prevista por los arts. 100 de la Constitución Nacional y 2º, inc. 6º, de la ley 48 es, por su naturaleza, restrictiva, de excepción y con atribuciones limitadas a los casos que se mencionan en los referidos cuerpos legales." "La mera intervención del Banco Central, entidad autárquica de la Nación, en un proceso, en carácter de liquidador de una institución de crédito, no basta para atribuir su conocimiento a la justicia federal, especialmente cuando no se configuran 'prima facie' situaciones que puedan perjudicar directamente al patrimonio nacional." "Toda vez que el Congreso de la Nación crea un ente destinado a cumplir finalidades de la política social o económica que el legislador federal está autorizado a trazar, se halla presupuesto el derecho de preservar para la justicia nacional 'el conocimiento de las causas que deriven de su funcionamiento'."