Jose Luis Caputo y Otrosv. Nacion Argentina (ministerio de Trabajo y Seguridad Social)

¿Quién es el actor?

José Luis Caputo y otros (Intendente y Concejales de la Municipalidad de Andalgalá, Catamarca).

¿A quién se demanda?

Nación Argentina (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) y, en el planteo de competencia, la Intervención Federal de la Provincia de Catamarca.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

acción de amparo contra el decreto-ley 4601 de la Intervención Federal, que declaró intervenida la Municipalidad de Andalgalá, y especialmente contra su artículo 2°, que facultaba al interventor municipal a solicitar la cesantía, remoción o traslado del personal municipal y del Concejo Deliberante, dejando sin efecto las disposiciones que otorgaban estabilidad y derecho a reincorporación o indemnización.

¿Qué se resolvió?

la Corte Suprema declaró que la Justicia Provincial de Catamarca es competente para conocer en las actuaciones y ordenó remitir los autos a la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"los actos de naturaleza local emanados de los interventores federales no pierden ese carácter por razón de invocarse el origen de su investidura (v. Fallos: 208:497; 263:539; 270:346 y 410; 300:615 entre muchos otros...)".

"impugnaciones como las presentes de decretos, por los cuales se declaran intervenidas comunas provinciales, con fundamento central en que tales actos resultan contrarios a normas provinciales, son ajenas al conocimiento de la justicia federal de grado (v. Fallos: 248:241...)".

"No modifica el criterio expuesto, la circunstancia que también se haya sostenido la contradicción de la medida impugnada con la Constitución Nacional, desde que, en el citado contexto, la referida cuestión carece de relación directa e inmediata con la materia objeto del litigio".

"no corresponde a la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinar qué tribunal provincial en concreto deba entender en el proceso cuya jurisdicción ejercen jueces locales".

Dictamen de la Procuradora Fiscal (María Graciela Reiriz), al que remitió el Tribunal: los actos de interventores federales de naturaleza local no pierden ese carácter por invocar el origen de su investidura.