Legajo Nº 38 - IMPUTADO: CHURQUINA, RAFAEL DANTE Y OTROS s/LEGAJO DE CASACION

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal (acusación en el juicio oral).

¿A quién se demanda?

Rafael Dante Churquina y Daniel Hedel Becher.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Juzgamiento penal por organización y financiamiento del tráfico ilícito de estupefacientes (arts. 7 y 11 inc. c, ley 23.737), cohecho activo (arts. 258 y 256 CP) y lavado de activos de origen delictivo (art. 303 inc. 1° CP), en concurso real.

¿Qué se resolvió?

Por mayoría (Petrone y Carbajo), se rechazaron los recursos de casación y se tuvo presente la reserva del caso federal. La jueza Ledesma, en su voto individual, había propuesto hacer lugar parcialmente, dejar sin efecto la agravante del art. 11 inc. c de la ley 23.737 y reenviar para nueva determinación de penas; esa propuesta quedó en minoría.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre las escuchas telefónicas, el tribunal sostuvo que los dictámenes fiscales y las resoluciones judiciales "se encontraban motivados", con base en las conversaciones detectadas y en la estrategia de cambios de líneas desplegada por los imputados.

Sobre la valoración probatoria, se consideró que la prueba "permite tener por acreditada con el grado de certeza requerido para un pronunciamiento condenatorio, la materialidad del denominado 'hecho 1' y la participación que en aquel tuvieron los imputados".

Respecto de la agravante del art. 11 inc. c, el voto mayoritario de Petrone y Carbajo sostuvo que "la agravante del art. 11 inc. 'c' de la Ley 23.737 captura el desvalor derivado de la intervención de tres o más personas que actúan organizadas", por lo que su aplicación conjunta con el art. 7 no implica doble valoración.

Sobre la pena de Becher, se afirmó que "la determinación de la pena estuvo precedida de una valoración concreta de las circunstancias" y que la sanción impuesta (13 años) fue inferior a la pretensión fiscal (16 años).

¿Cómo votaron los jueces?

propuso dejar sin efecto la agravante del art. 11 inc. c de la ley 23.737 por entender que la intervención organizada ya está contenida en el art. 7, invocando el principio ne bis in idem, y propuso reenviar para nueva determinación de las penas. Esta posición no prevaleció.