OVIEDO RUBEN JOEL C/ FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO/A S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL.PUBLICO

¿Quién es el actor?

OVIEDO RUBEN JOEL, empleado público de la Provincia de Buenos Aires.

¿A quién se demanda?

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (la demanda también figura contra el Fisco provincial). La Caja de Previsión no fue demandada y no se extiende la condena a ese organismo.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

reconocimiento del derecho a que la bonificación por antigüedad se liquide en un 3% por todos los años computables, con declaración de inconstitucionalidad de las normas que fijaron un porcentaje menor o lo eliminaron, y pago retroactivo de las sumas no prescriptas, con intereses y costas.

¿Qué se resolvió?

el Tribunal hizo lugar a la demanda, reconociendo el derecho a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad al 3% (o el porcentaje que corresponda según la prescripción parcial), con declaración de inconstitucionalidad de las leyes 11.739, 11.905 y similares, y del decreto 240/96. Las sumas se calculan a valores actuales al momento de aprobarse la liquidación, con intereses al 6% anual desde el devengamiento y luego la tasa pasiva del Banco Provincia. Las costas se imponen a la demandada vencida y la regulación de honorarios se difiere a la aprobación de la liquidación.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Así, la progresividad establece un estándar básico o piso de protección, a partir del cual es posible acrecentar o extender un derecho, más no desconocerlo o disminuirlo, lo que se conoce como 'principio de no regresividad'."

"Por lo tanto, si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada."

"Pero ocurre que en el particular, el citado DR resulta ilegítimo por contraponerse a las normas que establecieron la disminución aquí cuestionada, e inconstitucional, por violar la cláusula de igualdad, al asimilar -con el objeto de exceptuarlos de las medidas adoptadas- a todos aquellos dependientes del Poder Judicial con nivel salarial 20, sean o no jueces o quienes constitucionalmente comparten su status y garantías."

"Así, 'no hay peor injusticia que tratar igual a los desiguales', lo que ocurre en el caso pues quienes no tienen la calidad de magistrados, deberían haber compartido la suerte de los demás."

En cuanto a la prescripción, el Tribunal rechazó la prescripción liberatoria total por tratarse de un hecho continuado, y admitió la prescripción parcial de las sumas devengadas más de dos años antes de la demanda o del reclamo administrativo.