INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS C, D. O SOBRE 89 - LESIONES LEVES

Demandante/Promotor: Ministerio Público Fiscal (recurrente, Fiscalía de Cámara).

Demandado/Afectado: Resolución de la Dra. M. Mercedes Maiorano (Juzgado PCyF N° 3), que había dispuesto que la audiencia con la víctima se sustancie exclusivamente ante el Ministerio Público Fiscal.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Incidente de libertad condicional solicitado por la defensa de D. O. C., condenado a 3 años y 6 meses de prisión de efectivo cumplimiento; determinar si el derecho de las víctimas a ser oídas debe materializarse ante el MPF o ante el tribunal de ejecución.

¿Qué se resolvió?

Dres. Marum y Vázquez): Admite el recurso, revoca la resolución del 6 de julio de 2026 en cuanto dispuso que la audiencia con la víctima se sustancie exclusivamente ante el MPF, y ordena al juzgado fijar audiencia urgente en los términos del art. 212 de la Ley 6924, citando a las víctimas (o sus representantes), previa consulta sobre su voluntad de participar, adoptando medidas para evitar su revictimización.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"...el derecho de la víctima a ser oída durante la etapa de ejecución de la pena. Por lo tanto, ante cualquier planteo sobre la procedencia de las distintas modalidades de cumplimiento de la condena, dicho derecho debe ejercerse directamente ante el juez, en estricto cumplimiento de los principios de inmediación y debido proceso..."

"...entendemos que el tribunal de ejecución debe fijar audiencia en los términos del art. 212 de la Ley 6924 y citar, además de las partes intervinientes, a las víctimas – o quién las represente –, previo consultarles si desean participar de la misma para así poder ejercer su derecho a ser oídas, frente al juez y el representante del Ministerio Público Fiscal..."

"Formarla convicción con elementos de primera mano no compromete la imparcialidad: la garantiza, en tanto asegura que la decisión se adopte con pleno conocimiento de todos los elementos relevantes, incluida la perspectiva de la víctima..."

¿Cómo votaron los jueces?

Coincide en la admisibilidad, pero considera que la Ley 6924 (art. 8, 205, 207 y 212) asigna al Ministerio Público Fiscal la función de recabar la opinión de la víctima, por lo que el dictamen fiscal debe adecuarse; afirma que "el derecho de ser oída que poseen las víctimas deberá ser materializado ante el representante del Ministerio Público Fiscal". Señala además incumplimientos (solicitud presentada ante el juez y no ante el MPF, dictamen sin recabar opinión de las víctimas, falta de consulta del tribunal de juicio) y propone que la Fiscalía notifique y cite a las víctimas y presente un nuevo dictamen.