CARRERE, VIVIANA SOLANGE c/ ANSES s/ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

¿Quién es el actor?

Viviana Solange Carrere.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad de los Decretos 163/2020, 495/2020, 542/2020, 692/2020 y 899/2020 y normas concordantes; de los artículos 1 de la Ley 27.609 y su decreto reglamentario 104/2021; de la inaplicabilidad del artículo 9 inc. 3 de la Ley 24.463 (topes); y la exención del impuesto a las ganancias sobre los reajustes y retroactivos.

¿Qué se resolvió?

se hizo lugar parcialmente a la demanda y se declaró la inconstitucionalidad de los Decretos 163/2020, 495/2020, 542/2020, 692/2020 y 899/2020; en consecuencia, el monto que arroje la aplicación de las fórmulas contenidas en dichos decretos no podrá ser inferior al que correspondería de aplicarse las pautas de movilidad de la Ley 27.426. La ANSES deberá practicar la liquidación correspondiente, bajo apercibimiento de que la parte actora quede habilitada para practicarla, y abonar el monto debido en 120 días hábiles (art. 22 Ley 24.463) desde que la sentencia quede firme o consentida. Se rechazó en lo demás, se impusieron las costas a la demandada (art. 68 CPCCN) y se difirió la regulación de honorarios. Se desestimó la inconstitucionalidad de la Ley 27.609 por falta de argumentos suficientes de afectación notable. Respecto del tope del art. 9 inc. 3 de la Ley 24.463, la actora podrá replantear la cuestión en la etapa de liquidación si acredita una quita superior al 15 por ciento. Se sostuvo la improcedencia de las retenciones de impuesto a las ganancias sobre las jubilaciones, por tratarse de una prestación previsional y no de una ganancia.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

el tribunal sostuvo que la prórroga de la suspensión del artículo 32 de la Ley 24.241 dispuesta por el Decreto 542/2020 resulta incompatible con la Ley 27.541, que habilitaba al Poder Ejecutivo a fijar la movilidad durante el período de suspensión, pero no a prorrogarla. Expresó: «Al analizar los aumentos otorgados por los Decretos de referencia se observa que aquellos fueron ineficaces para alcanzar la eficacia de los haberes previsionales. Tal es así que el índice de movilidad acumulado fue del 23,25%, que al adicionar la suma fija de $1500 otorgada mediante Dec. 163/2020, varía entre el 24,65% para los haberes máximos y el 32,68% para los haberes mínimos. Por su parte, de haberse aplicado el suspendido art. 32 de la ley 24.241, la movilidad hubiese arrojado un incremento equivalente a un 42,13%». Concluyó que «el perjuicio sufrido por el sector pasivo luce manifiesto e intolerable». Sobre la Ley 27.609 señaló que «solo debe llegarse a la declaración de inconstitucionalidad por estricta necesidad», criterio que no se verificó en el caso. Los intereses se fijaron conforme la tasa pasiva promedio del Banco Central, según Fallos 327:3721.