Incidente N° 7 - IMPUTADO: GHIBAUDO, VALENTINO Y OTROS s/Audiencia de Formalización de la investigación (Art. 258)

Actor (quien acusa): Ministerio Público Fiscal, Área de Investigación y Litigación de Casos Complejos, Oficina de Narcocriminalidad, Unidad Fiscal Rosario, representado por el Fiscal Dr. Franco Benetti.

Demandado (imputados): Luz Milagros Acosta, Natalia Analía Antichi, Luana Maite Diaz, Franco Nahuel Fernández, Jorge Eduardo Franze, Valentino Ghibaudo, Maximiliano Giancola, Jorge Luis Valdez y Franco Martin Barbona.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Formalización de la investigación penal preparatoria por tráfico de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas organizadas (arts. 5 inc. "c" y 11 inc. "c" de la Ley 23.737 y art. 45 del C.P.), y acopio de armas de fuego y municiones (art. 189 bis inc. 3° del C.P.) respecto de Valdez, y tenencia legítima de arma de uso civil (art. 189 bis inc. 2° del C.P.) respecto de Ghibaudo. Respecto de Franze se imputó tenencia de estupefacientes con fines de comercialización sin integración a la organización.

¿Qué se resolvió?

El tribunal rechazó el planteo de atipicidad y de cambio de calificación de Valdez, manteniendo provisoriamente el acopio de armas y municiones; tuvo por formalizada la investigación; declaró legal la detención de Giancola, Antichi, Fernández y Franze; declaró la causa compleja salvo respecto de Franze; y dispuso medidas de coerción: prisión preventiva de Franze (90 días), Acosta (180 días), Barbona (180 días), Valdez (180 días) y Ghibaudo (90 días); arresto domiciliario con vigilancia electrónica de Fernández (90 días), Giancola (90 días) y Diaz (90 días); y para Antichi, promesa de someterse al procedimiento, prohibición de salir del territorio y de contacto con otros investigados, y prohibición de exhibirse en redes portando armas, con un posterior permiso de contacto con Fernández.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Los fundamentos fueron brindados oralmente en la audiencia y registrados en audio y video; el acta no los transcribe de forma textual. Consta, en cambio, la postura de las partes. La Fiscalía sostuvo que el acopio de armas exige una cantidad que exceda el uso doméstico, que Valdez custodiaba armas de Nicolás Blanco a cambio de un pago mensual y que existían cinco armas y entre 800 y 900 municiones. La Defensa Oficial (Dra. Pennisi) sostuvo que la cantidad no alcanzaba para el acopio y que la simple tenencia de municiones habría sido despenalizada. El tribunal, en cambio, mantuvo provisoriamente la figura, sin perjuicio de readecuación posterior.