PASCUAL ANDREA CINTHIA c/ ANSES s/INCONSTITUCIONALIDADES VARIAS

¿Quién es el actor?

Andrea Cinthia Pascual.

¿A quién se demanda?

Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Inconstitucionalidad de los topes máximos fijados por la Ley 24.463 (art. 9 incs. 2 y 3) para el beneficio jubilatorio docente (PBU-PC-PAP Docente, Dto. 137/05), con fecha de adquisición del derecho el 01/02/2024, y reintegro de las diferencias retenidas.

¿Qué se resolvió?

Se hizo lugar a la acción, declarando la inaplicabilidad a la actora de la escala de deducciones del art. 9.2 de la Ley 24.463, y también del inciso 3 por tratarse de un régimen especial. Se ordenó a la ANSeS reintegrar las sumas retenidas no prescriptas en 120 días, con intereses según la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. Se impusieron costas a la ANSeS y se reguló honorarios en el 15% del crédito.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Con respecto a la cuestión a resolver, cabe precisar que el art. 9.2 de la ley 24.463 establece que 'los haberes previsionales mensuales correspondientes a las prestaciones otorgadas en virtud de leyes anteriores a la Ley 24.241 que no tuvieren otro haber máximo menor (...) estarán sujetos a la (...) escala de deducción'."

"...la escala de deducciones planteada en el art. 9 inc. 2° de la ley 24.463 resulta aplicable siempre que concurran dos recaudos; en primer lugar, que se trate de beneficios acordados sobre la base de una legislación anterior a la entrada en vigencia de la ley 24.241, y en segundo, que la ley por la que se obtuvo el beneficio no provea otro tope al haber. Ahora bien, visto que la actora adquirió su beneficio previsional bajo el amparo de la ley 24.241, corresponde declarar la inaplicabilidad..."

Respecto del inciso 3: "...es inaplicable al caso, toda vez que se encuentra regido por una ley especial."

Costas: en virtud de la ley 27.423 y la revisión constitucional de oficio, se aplica el precedente "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS" (22/7/2023), declarándose la inconstitucionalidad del art. 36 de la ley 27.423 en lo relativo a la imposición de costas.