EMPRESA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU S.R.L. c/ ENTRE RIOS, PROVINCIA DE s/ACCION DECLARATIVA.-

¿Quién es el actor?

Empresa Ciudad de Gualeguaychú Sociedad de Responsabilidad Limitada.

¿A quién se demanda?

Provincia de Entre Ríos.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

declaración de inconstitucionalidad del impuesto sobre los ingresos brutos sobre la actividad de transporte interjurisdiccional de pasajeros y anexos, por considerarlo contrario a los arts. 31 y 67 inc. 12 (citado en el escrito de demanda; el dictamen luego refiere al art. 75 inc. 13) de la Constitución Nacional y al régimen de coparticipación federal.

Qué se dictaminó: la Procuración General opina que, si la Corte, mediante el examen de las pruebas, verifica las circunstancias requeridas por los precedentes citados, corresponde hacer lugar a la demanda con el alcance indicado y declarar la improcedencia de la pretensión fiscal. Se remite, en cuanto a fundamentos, al dictamen de la causa "Transportes Automotores La Estrella S.A. c/ Río Negro".

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"[L]a accionante únicamente posee un interés sustancial y concreto durante los períodos octubre de 1999 a noviembre de 2000, para precaver los efectos de las intimaciones notificadas el 26/03/01 (cfr. fs. 71), a las cuales atribuye ilegitimidad y lesión al régimen federal (Fallos: 322:2598; 323:19, entre otros). En consecuencia, la admisibilidad formal de la acción debe quedar circunscripta, en mi criterio, al citado lapso."

Sobre la vía: "no advierto que el pago y posterior repetición resulte la vía específica para debatir el tema pues, como claramente señaló V.E. en Fallos: 310:606 (cons. 51), admitir que concurren en la especie los presupuestos de la acción meramente declarativa constituye el primer obstáculo a la viabilidad de la defensa."

Sobre la defensa provincial: el Congreso habilitó la superposición del impuesto con impuestos nacionales coparticipables en el art. 91 inc. b), cuarto párrafo, de la ley 23.548; según la Provincia, la doble imposición no genera por sí agravio constitucional salvo que se viole ese límite legal.

Nota: la Provincia alegó que la actora estaba inscripta como contribuyente del impuesto desde agosto de 1984 y que, por ello, la omisión de incluir el tributo en las tarifas le sería imputable a culpa (art. 1111 del Código Civil); el dictamen no se pronuncia expresamente sobre este punto.

Nota: el dictamen es opinión del Ministerio Público y no decisión del Tribunal; la Corte no se ha pronunciado en el texto analizado.