SAUCEDO ELIZABETH Y ROCHIA PEREYRA LAURO DANIEL s/AVERIGUACION DE CONTRABANDO

¿Quién es el actor?

Ministerio Público Fiscal (acusación en el proceso penal por contrabando), representado en esta instancia por la defensora oficial de la imputada, quien recurre en su favor.

¿A quién se demanda?

Elizabeth Jacinta Saucedo, condenada como autora del delito de encubrimiento de contrabando; también figura en la causa Lauro Daniel Rocha Pereyra.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Impugnación de la condena penal impuesta por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, que aplicó seis meses de prisión en suspenso, pérdida de concesiones, regímenes especiales, privilegios y prerrogativas, inhabilitación especial de seis meses para el ejercicio del comercio, inhabilitación especial perpetua para desempeñarse como miembro de las fuerzas de seguridad e inhabilitación absoluta de un año para desempeñarse como funcionaria o empleada pública.

¿Qué se resolvió?

Declarar procedente el recurso extraordinario y dejar sin efecto el pronunciamiento apelado, ordenando devolver la causa al tribunal de origen para que, por quien corresponda, se dicte nuevo fallo conforme a lo resuelto. La decisión fue unánime de los siete ministros.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

Sobre el requisito de recurribilidad: "si bien esta Corte en la causa G.342.XXVI. 'Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de casación -causa N° 32/93-', fallada el 7 de abril de 1995 declaró la inconstitucionalidad de la limitación establecida en la norma citada en el considerando anterior, por los fundamentos desarrollados en el precedente de Fallos: 308:552 -'Tellez'-, corresponde establecer que la autoridad institucional de las pautas jurisprudenciales contenidas respecto al recaudo de tribunal superior de la causa en el ámbito de la justicia federal deberá comenzar a regir para las apelaciones extraordinarias federales dirigidas contra sentencias notificadas con posterioridad a esta última decisión. Lo contrario conduciría a un resultado adverso a aquel que se pretendió lograr, ya que se impediría la apertura de la instancia extraordinaria en un momento en el que el acceso a la Cámara Nacional de Casación Penal se encuentra clausurado por la preclusión en la etapa pertinente."

Sobre las garantías de la causa penal: "cabe recordar que esta Corte tiene dicho reiteradamente que en materia criminal la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución Nacional exige la observancia de las formas sustanciales del juicio relativas a la acusación, defensa, prueba y sentencia dictada por los jueces naturales."

Sobre la violación concreta: "en el sub lite no han sido respetadas esas formas, en la medida en que se ha dictado sentencia condenatoria sin que mediase acusación. En efecto, dispuesta la elevación a juicio (fs. 168/169 vta.), el fiscal durante el debate solicitó la absolución de la imputada (fs. 246) y, pese a ello, el tribunal de juicio impuso la condena recurrida, lo cual pone al descubierto una transgresión a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y el debido proceso que conduce a la revocación del pronunciamiento recurrido."