LUCONI CARLOS s/ART. 76 DEL C.FALTAS

¿Quién es el actor?

Juzgado en lo Penal de Faltas de la Segunda Nominación de Rosario (Pcia. de Santa Fe), con intervención de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Rosario.

¿A quién se demanda?

Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 16.

¿Cuál es el objeto del reclamo?

Conflicto entre tribunales a raíz de la orden de detención de Carlos Alberto Luconi, procesado por infracción al art. 76 del Código de Faltas de Santa Fe (ley 10.703), dispuesta por rebeldía.

¿Qué se resolvió?

La Corte resolvió el conflicto dejando sin efecto la resolución del juez nacional del 5/12/1994 que había levantado la orden de captura, y llamó severamente la atención al juez nacional Francisco Miguel A. Trovato.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que el tema sobre el que versan estas actuaciones no es una contienda tradicional de competencia -negativa o positiva- sino un conflicto entre tribunales en los términos del art. 24, inc. 7°, del decreto-ley 1285/58, pues uno de ellos reclama la exclusividad de sus potestades para disponer la captura de un procesado sometido a su jurisdicción mientras que el otro se arroga competencia para dejarla sin efecto. En tales condiciones, y al no haber otro superior común, corresponde a esta Corte dirimir la cuestión planteada".

"Que el hábeas corpus no procede si la privación de la libertad se originó en una causa seguida ante juez competente y los cuestionamientos tendientes a demostrar lo injustificado de la detención por esa autoridad o las falencias en el procedimiento son ajenas a ese remedio procesal e incumben a los jueces de la causa".

"Que aparte de ser improcedente que un magistrado nacional interprete las leyes provinciales con el fin de revisar la actuación del magistrado local, se observa en autos que el examen que se realizó del requerimiento de detención y comparecencia del beneficiario ante el juez de la causa resultó desprovisto del conocimiento de los hechos que lo fundaron y frustratorio de los principios de los arts. 7° y 8° de la Constitución Nacional".

"Que, por otra parte, la actuación del magistrado al ordenar el levantamiento de la orden de captura dispuesta por una juez provincial, importó un desconocimiento de la organización federal de la administración de justicia y generó un obstáculo para el ejercicio de la función jurisdiccional local que no encuentra justificativo válido en su argumentación".

Se invoca la distribución federal de competencias y la doctrina de Fallos 308:490 y Fallos 310:57 y 2005 y 2167 (hábeas corpus).