MAPAR SA c/ ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE COMERCIO s/JUICIO DE CONOCIMIENTO

¿Quién es el actor?

Mapar S.A.

¿A quién se demanda?

Estado Nacional (Ministerio de Economía - Secretaría de Comercio)

¿Cuál es el objeto del reclamo?

indemnización por los daños provocados por la resolución 257/85 de la Secretaría de Comercio Interior, que impidió realizar en tiempo oportuno el embarque de dos remesas de sebo bovino vendidas a dos empresas de la República Federativa del Brasil.

¿Qué se resolvió?

la Corte hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y dejó sin efecto la sentencia apelada, ordenando que se dicte un nuevo fallo conforme a lo resuelto. Con costas.

¿Cuáles son los fundamentos principales?

"Que para hacerlo, en lo que aquí interesa, consideró que la ilegitimidad de la aplicación de dicha resolución al caso se encontraba debidamente acreditada, pues la sentencia firme recaída en la causa 'Mapar S.A. c/ Estado Nacional (M. de Economía) s/ Amparo (n° 30.508/85)' suscitaba los efectos propios de la cosa juzgada en los términos del art. 347, último párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación."

"Que si bien lo atinente a la existencia o inexistencia de cosa juzgada es en principio una cuestión de hecho y de derecho procesal, extraña a la instancia extraordinaria (...), tal regla admite excepciones cuando, como en el caso, el pronunciamiento impugnado dispone de una fundamentación sólo aparente."

"Que en efecto, según consta en el juicio de amparo, el juez de primera instancia hizo lugar a la demanda al considerar que la administración incurrió en un 'proceder arbitrario'. Pero, recurrida la sentencia, la cámara no se expidió sobre la apelación deducida por el Estado pues el embarque de la mercadería -fin último que perseguía la acción incoada- ya se había hecho efectivo."

"Que siendo ello así, mal puede reputarse que lo decidido en dicha causa esté investido de la autoridad de la cosa juzgada pues, al haber concluido el trámite del modo apuntado, no existió un pronunciamiento final que decidiera en torno a la legitimidad o ilegitimidad de la conducta cuestionada sino, por el contrario, la simple comprobación de que la vía del art. 1 de la ley 16.986 había perdido virtualidad porque el comportamiento lesivo, para entonces, había cesado."

"Que en estas condiciones, lo resuelto por el a quo guarda nexo directo e inmediato con las garantías constitucionales que se invocan como vulneradas (art. 15 de la ley 48), razón por la cual corresponde su descalificación como acto jurisdiccional en los términos de conocida doctrina de esta Corte sobre arbitrariedad."